Alvárez Cascos asegura ahora que "el fútbol nunca ha sido de interés general"
Aznar respalda a López-Amor y critica, "los 14 años de manipulación" del PSOE
La gran aportación del PP al debate ideológico de fines del siglo XX ha resultado ser un malentendido. Tras meses de justificar la ley del fútbol como un asunto de "interés general" -aspecto recogido en la propia exposición de motivos del texto legal-, y de llegar a decir que gracias a esta teoría España serviría de ejemplo a Europa, el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, afirmó ayer en el Pleno del Congreso que "el fútbol nunca ha sido de interés general". Fue la sorprendente respuesta del vicepresidente a una pregunta del diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba a propósito de la pretendida cesión por TVE del partido Oporto-Real Madrid a Vía Digital.
La sesión de control parlamentario de los miércoles tuvo ayer dos claros protagonistas -Alvárez Cascos y Pérez Rubalcabaque oscurecieron con su duelo dialéctico sobre el fútbol el papel de los teóricamente primeros espadas: el presidente del Gobierno, José María Aznar y el portavoz parlamentario del PSOE, Juan Manuel Eguiagaray.El combate comenzó cuando Pérez Rubalcaba le preguntó a Cascos si "el fútbol había dejado de ser de interés general para el Gobierno", a raíz de la polémica transmisión del partido Oporto-Madrid, y el vicepresidente se despachó con esta respuesta para sorpresa de propios y extraños: "Ni con las resoluciones del Parlamento Europeo, ni con la directiva europea, ni con la ley española de retransmisiones deportivas, el fútbol ha sido nunca de interés general".
El diputado socialista replicó que la teoría de Cascos sobre el interés general del fútbol ha sido "la de vida más efimera de la Cámara", y bromeó asegurando que el vicepresidente "no ha pasado la primera eliminatoria de la Copa de Europa". Lanzado por la pendiente del símil. futbolístico, Rubalcaba acusó al vicepresidente de "estar jugando un partido contra la libertad de expresión", de hacerlo con el número 7 a la espalda "muy pegado a la banda derecha" y de "pretender comprar al árbitro con el dinero de Telefónica".
La ley del embudo
La respuesta de Cascos no fue menos contundente. Tras recordar que el artículo 5 de la ley del fútbol sólo define de interés general "un partido de Liga o Copa por jornada" y que el artículo 6 señala que "los operadores de televisión negociarán las retransmisiones en pago por visión con los titulares de derechos respetando los principios de publicidad y libre concurrencia", arremetí contra Rubalcaba y su grupo acusándoles de recurrir la citada ley ante el Constitucional por no gustarles dichos principios. "Usted defiende el favor, el favor que le hizo con nocturnidad su Gobierno al Grupo, PRISA a través del acuerdo con Telefónica cuando era pública", afirmó Cascos, en referencia a la creación de la empresa Cablevisión, y concluyó así su intervención: "El interés general de ustedes se resume en una cosa: la ley del embudo a favor de PRISA".Pese a lo dicho por Cascos, en la ley del fútbol las alusiones al interés general no se ciñen a un partido de Liga y Copa. Su artículo 4 establece que "tendrán la consideración de catalogados como de interés general las competiciones o acontecimientos deportivos (...) que se incluyan en un catálogo", que deberá elaborar un Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas aún no constituido.
Pero es más. El vicepresidente parece haber olvidado sus propias palabras durante la tramitación de la ley, cuando aseguró: "Nosostros tenemos una concepción del fútbol como un bien general que viene avalada por los datos de audiencia" (Diario de Sesiones del Congreso del pasado 24 de abril).O sus instrucciones a las organizaciones territoriales del PP -el famoso Argumentario-, que llevó a la de Palencia el pasado 18 de febrero a proclamar en un comunicado:
"¡Por el bien general: Televisión plural y sin pagar".
El conflicto político y social generado por el Oporto-Madrid también estuvo presente en la pregunta de Eguiagaray al presidente del Gobierno sobre si mantenía su confianza en el director general de RTVE, Fernando López-Amor, tras los últimos acontecimientos.
El portavoz socialista enumeró, entre otros, el "homenaje sectario" de Las Ventas; los presupuestos de RTVE para 1998, la censura del anuncio del río Júcar y el intento de cesión del partido a Vía Digital, para concluir espetándole a Aznar que "López-Amor es un dechado de lo que significa la manipulación informativa, el enterramiento de la televisión pública y su personal interés en conseguir que el poder mediático esté en sus manos".
Aznar dijo que López-Amor tiene "su confianza mientras se mantenga en su cargo", y replicó que el PSOE "después de 14 anos de manipulación de la tellevisión pública no puede dar lecciones en este terreno". El presidente del Gobierno aseguró que RTVE ha ganado "audiencia y credibilidad" este año y que lo único que le preocuparía es que un director. general de RTVE como dijo alguno de ustedes", señaló- pudiera decir que mientras él estuviera al frente del ente público la oposición nunca ganaría las elecciones.
'Caso Sogecable'
La jornada parlamentaria del Gobierno tuvo ayer su aperitivo por la mañana en el Pleno del Senado. En la Cámara Alta, Álvarez Cascos volvio a negar que un secretario de Estado hubiera encargado al decano del colegio de Economistas de Madrid, Gerardo Ortega, el informe relativo a la empresa Sogecable que sirvió de base para la acusación contra sus consejeros. Pero también se negó a desmentir la declaración jurada de Ortega que señaló a un secretario de Estado como autor de la iniciativa, pese al reiterado emplazamiento que le hizo el senador socialista Javier Rojo.Rojo calificó de "frívola" la actitud de Aznar cuando manifestó que estas cuestiones eran "absolutamente ridículas" y exigió a Cascos que "ante una acusación tan importante, un Gobierno debe dar una respuesta clara". "Diga si miente el señor decano del Colegio de Economistas de Madrid porque, de otro modo pensaremos que quien miente es el Gobierno", insistió el senador.
Álvarez Cascos respondió que el "Gobierno no encargó ningún informe ni tampoco ningún secretario de- Estado, pero eludió el desmentido directo al decano del Colegio de Economistas de Madrid.
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