Toque a rebato de los rectores

LAS ADVERTENCIAS que se están haciendo desde todos los claustros universitarios en este comienzo de curso merecen, como mínimo, ser escuchadas con atención. Pocas veces ha habido tanta unanimidad en el diagnóstico sobre la mala salud de nuestras universidades, aunque haya luego discrepancias sobre los remedios. Cada centro afronta el nuevo curso con problemas propios, pero los rectores han decidido asumir un documento común que constituye un toque a rebato y en el que hacen inventario de sus reivindicaciones más apremiantes.Uno de los primeros capítulos, nada nuevo por cierto, se refiere a la dotación económica. El gasto anual en enseñanza superior en España se sitúa en un 0,9% del PIB, lejos del promedio europeo de un 1,6%. La transferencia de las universidades al ámbito competencial de las Comunidades Autónomas ha comenzado a desbloquear la congelación presupuestaria de los últimos años, pero la convergencia real con nuestros socios de la UE está aún muy lejana.

Aparte de la permanente y justificada queja sobre la tacañería presupuestaria con la Universidad, el documento denuncia la indefinición del Gobierno en materia de enseñanza superior y la desconfianza de la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, con los rectores. Esto se ha traducido en la ausencia de respuesta a las peticiones, reiteradas y unánimes, de reformas en materia de planes de estudios o de profesorado. O en los desafortunados conflictos que han puesto en entredicho la autonomía universitaria al obviar, con demasiada desenvoltura, los puntos de vista de la Comisión Académica del Consejo de Universidades. Todavía están recientes las secuelas de la precipitada creación de la Universidad de Elche, percibida por la de Alicante como una agresión a su autonomía. Más extravagante todavía ha sido la creación de las universidades católicas de Ávila y Murcia, que han contado con la inicial complacencia del ministerio a pesar de no haber cumplido los trámites reglamentarios.

La combinación de desconocimiento, desconfianza y falta de decisión con que Esperanza Aguirre ha afrontado los problemas de la Universidad explicaría en buena medida la impaciencia que se detecta entre los rectores. La ministra no ha tenido, además, el menor empacho en atribuir públicamente las reivindicaciones universitarias a meros impulsos corporativos, en el mejor de los casos, o a la ideología socialista de los rectores, en el peor.

Pero la complejidad del mundo universitario y su aportación crucial al futuro del país merecen que el ministerio aborde de una vez con los máximos responsables de las universidades unos problemas que el paso del tiempo tiende a agravar. Cierto es que existe corporativismo en la Universidad, muy especialmente entre los profesores, pero la demagogia anticorporativista tiene una acusada tendencia a confundir lo lícito con lo espurio; y a la postre, no soluciona nada.