La ley Helms-Burton vuelve a enfrentar a Europa y EE UU
La Unión Europea y EE UU han acentuado sus presiones mutuas por la ley Helms-Burton. Quedan apenas tres semanas para que concluya la tregua firmada en abril pasado que permitió a los europeos retirar su denuncia contra esta ley ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Pero las conversaciones "no son muy alentadoras", según un portavoz de la Comisión Europea.Ese desencuentro se ha plasmado tanto en la reciente visita del comisario europeo responsable de la política comercial, sir Leon Brittan como en una dura carta remitida al Consejo de Europa por un congresista estadounidense. Benjamin Gilman, republicano, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de EE UU, remitió una encendida misiva a los 40 países europeos representados en el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, que están debatiendo estos días un informe que critica con dureza la ley Helms-Burton. Esta norma prevé sanciones contra las empresas que comercian en Cuba utilizando bienes confiscados en su día a ciudadanos norteamericanos por el régimen de Castro.
"Quiero destacar que muchos de los que critican la ley Helms-Burton son algunos de los que comercian con el régimen de Castro y ayudan así a reducir los efectos de nuestra política de aislamiento", escribe Gilman. "El principal propósito de la ley es defender a EE UU y a sus ciudadanos de los peligros que supone para nuestra seguridad nacional la dictadura de Castro".
Gilman es uno de los miembros del Congreso de EE UU con los que se ha entrevistado sir Leon Brittan estos días en la capital estadounidense. Su gira no se ha traducido en ningún avance entre las dos partes, lo que acentúa las posibilidades de que la Comisión Europea vuelva a plantear la denuncia de la ley ante el tribunal arbitral de la Organización Mundial de Comercio.
Un acuerdo, el pasado 15 de abril, permitió suspender durante seis meses esa amenaza, con la condición de abrir negociaciones que permitieran al presidente Clinton convencer al Congreso para derogar la parte de la ley denunciada por la Unión Europea.
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