La incógnita del 2000 surca el canal

La histórica fecha del 31 de diciembre de 1999, momento en que Estados Unidos devolverá a Panamá el control del canal interoceánico y de las instalaciones militares que tiene en esa república centroamericana, empieza a convertirse en un quebradero de cabeza para las autoridades panameñas. Por un lado, los usuarios del canal han advertido que este paso marítimo necesita una rápida y costo sa modernización si quiere seguir siendo competitivo. Por otro, las elecciones presidenciales que Panamá celebrará en 1999 han carga do de recelos el pro ceso de traspaso."Podemos decir le al mundo que es tamos listos para asumir el control del canal". Con es tas palabras, el presidente panameño, Ernesto Pérez Balladares, inauguró la semana pasada una conferencia internacional sobre el futuro de esta vía de conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico, que ab sorbe el 4% del comercio mundial, y que en el 2000 cambiará de manos después de haber es tado durante 86 años bajo la administración estadounidense, en cumplimiento de los acuerdos firmados en 1977 por el entonces presidente norteamericano Jimmy Carter y el general panameño Omar Torrijos.

Pérez Balladares, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fundado por Torrijos en 1968, pretendía que el Congreso disipara los temores de gobiernos y clientes del canal ante la nueva etapa. En el balance final, sin embargo, los desafíos pesaron más que las certidumbres.

Las tensiones políticas marcaron el comienzo de la conferencia. La invitación expresa al presidente de Taiwan, Lee Teng-hui, que desarrolla una increíble ofensiva comercial en la región, supuso la ausencia de China y de las figuras que inicialmente iban a estar presentes, como los presidentes de EE UU y Francia, Bill Clinton y Jacques Chirac, respectivamente, o Kofi Annan, secretario general de la ONU.

Las preocupaciones de los 600 representantes acreditados, de todos modos, iban más allá de los enredos diplomáticos. Sus conclusiones fueron taxativas. En primer lugar, advirtieron, el ciclo del canal ya esta entrando en su "etapa de declive" y las tendencias del comercio mundial podrían dejarlo obsoleto antes del año 2014.

Para evitarlo, Panamá debe construir una tercera serie de esclusas con un doble objetivo: permitir el paso de barcos de hasta 150.000 toneladas (hoy en día sólo admite buques de hasta 65.000 toneladas) y satisfacer la demanda de tránsito, que para dentro de una década habrá aumentado de 13.000 a 16.000 buques al año.

El costo de esta operación, que llevaría unos 10 años, se ha calculado en 8.200 millones de dólares (1,2 billones de pesetas). Con unos ingresos anuales de 500 millones de dólares, el canal debería aumentar sus percepciones en un 60% para hacer frente a este gasto. Las compañías navieras y los usuarios han dejado claro que no admitirán subidas bruscas de los peajes. La comisión del canal, integrada hasta 1999 por Estados Unidos y Panamá, tiene que buscar otras vías de financiación. La salida al mercado de valores podría ser una de ellas.

Por el lado político tampoco faltaron las advertencias a Panamá. "Sería sumamente perjudicial que se permita que el canal se convierta en una pelota de fútbol política, o que sea visto como un pozo sin fondo de dinero en efectivo del que se puede sacar al antojo para fines domésticos", declaró Juan Kelly, presidente de la Cámara Marítima Mundial.

En mayo de 1996, en una reunión auspiciada por la ONU, las organizaciones políticas y sociales panameñas se comprometieron a mantener al canal "como una cuestión de Estado" y a "alejarlo de los intereses partidistas y sectoriales". Acordaron también discutir puntos claves, como el nombramiento de la futura autoridad del canal y el uso de las 94.000 hectáreas ribereñas, que el Gobierno panameño quiere convertir en áreas industria les y turísticas. "No pueden fallar", les advirtió entonces el delegado de las Naciones Unidas. El problema es que la turbulenta trayectoria política de este país de 2,7 millones de habitantes, que ha vivido amarrado a los designios de Estados Unidos, no acaba de tranquilizar a los ansiosos clientes.

Con la conferencia interna cional en marcha, por ejemplo, el diario La Prensa, de oposición al Gobierno, publicó que el presidente había de signado a varios miembros de su familia para altos puestos de la administración del canal. Y desde Estados Unidos se filtraron las supuestas relaciones del ministro para Asuntos del Canal, Jorge Ritter, con narcos colombianos. Ambos hombres denunciaron una campana de desprestigio, y el presidente llegó a hablar de un plan "foráneo" para "frustrar el propósito de los panameños de asumir plena mente el control" de la vía interoceánica.

Todo esto, obviamente, no tranquiliza a los usuarios del canal, que han solicitado su participación en la toma de decisiones sobre la administración de este paso marítimo a partir de 1999.