Marcha atrás

CONTRA SU terca voluntad, el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás y modificar la ley de televisión digital. Ha tenido que pasar por la vergüenza de que Bruselas -bajo la presión de llevarlo a los tribunales- le recuerde que España dejó de ser un país autárquico en 1986 y que está sometido a las normas de la Unión Europea. Éste es el primer hecho político.Lo que se suscita a continuación es si la rectificación a la que se ha visto obligado el Ejecutivo es suficiente y se ajusta nada menos que al Tratado de Roma y al principio de libre circulación de mercancías que forman el corazón de Europa. Algunas de las correcciones introducidas mediante decreto-ley no son, desde luego, obra de sabios, sino que parecen, de nuevo, una simulación. El Gobierno renuncia a la posibilidad de prohibir un descodificador frente a otro, pero inmediatamente esta posibilidad y otras resurgen de modo indirecto a través de las nuevas competencias que se le atribuyen a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que el Ejecutivo está seguro de controlar: integrada por nueve miembros designados por el Parlamento, uno de sus primeros actos consistió en denegar la inscripción -requisito que absurdamente se mantiene- de Canal Satélite Digital pese a la conformidad del ponente.

El Gobierno sigue obsesionado por la misma fiebre intervencionista, a saber: dificultar la buena marcha de la plataforma de televisión digital que ya tiene 125.000 abonados para favorecer a la otra, la suya, liderada por el monopolio privado de Telefónica, empresa presidida por un compañero de pupitre de Aznar.Álvarez Cascos y Arias Salgado habían señalado enfáticamente, una y otra vez, que la ley de televisión digital no se modificaría. Y se cambia. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Pero la variación tiene bastante de quiebro con ánimo de engaño. ¿A quién? ¿Al Parlamento que, con los votos del PP, de IU y del PNV, aprobó una ley a sabiendas de que iba contra el ordenamiento europeo y posiblemente también contra el Constitucional? Es de esperar que al convalidar este decreto-ley, los diputados -especialmente los aliados del, PP- no vuelvan a ser burlados antes de manifestar su opinión. ¿O quizás busque trampear a Bruselas, repetidas veces toreada con argucias de rábula? Las negociaciones con Bruselas han producido no sólo tensiones entre el Gobierno y la Comisión Europea que afectan a la posición general europea de España (no sólo a lo audiovisual), sino en el seno del propio Ejecutivo, al sentirse ninguneado el Ministerio de Asuntos Exteriores por el de Fomento -que encabeza Arias Salgado- y que ha querido tratar directamente con Bruselas.

Desde el decreto-ley aprobado por razones urgentísimas el 31 de enero -al día siguiente de la presentación de Canal Satélite Digital-, el texto gubernamental ha sufrido cuatro modificaciones. Quizá esta cascada de cambios no haya terminado, pues los operadores de televisión digital en España seguirán sin poder equipararse a los de los países de nuestro entorno. ¿Por qué se empeña la, derecha en que España siga siendo diferente? ¿Hay alguien responsable de la arbitrariedad cometida? ¿Va a pagar? ¿Qué fue del publicitado interés general?