Enésima enmienda a la ministra

LA MINISTRA de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, cuenta, obviamente, con el apoyo del presidente del Gobierno, que no la ha relevado del cargo pese a sus frecuentes desaguisados, y del Partido Popular, que la califica sin ironía como el mejor ministro de Justicia de los últimos veinte años. Pero todo este apoyo no parece ser suficiente para inducir al Gobierno popular a seguir a la ministra por la senda del error hasta el final. Al menos en el caso de la propuesta de rebajar la edad penal de los 18 a los 16 años para los delitos de terrorismo, ya está claro que el Gobierno da por zanjado el debate y abandona el intento de tan controvertida propuesta de reforma en el anteproyecto de la Ley Orgánica Regula dora de la Justicia de Menores.Alfredo Prada, portavoz del PP en el Senado para asuntos de Justicia, ya dijo el lunes que "si esta medida no recaba la unidad de todas las fuerzas democráticas presentes en los pactos de Ajuria Enea y Madrid, la retiramos y no pasa nada". Ayer ya fueron el portavoz popular en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, Andrés Ollero, y el propio vicepresidente Francisco Alvarez Cascos, los que dejaron claro que, en aras del consenso en las reformas legales para la lucha antiterrorista, el Gobierno está dispuesto a olvidarse de la propuesta del Ministerio de Justicia.

Son frases extremadamente razonables que el Gobierno podía haber pronunciado mucho antes. Porque desde que el Ministerio de Justicia lanzó la propuesta estaba claro que no sólo no recaba dicha unidad, sino que la socava muy seriamente. Pero incluso cuando se vio que el PP se quedaba solo en la defensa de esta rebaja de la edad penal para unos delitos específicos, Mariscal de Gante insistió en la oportunidad y la constitucionalidad de dicha medida. Y todavía el sábado pasado la defendía argumentando que respondía a una presión social.

Eso sí, ya entonces dijo que su ministerio no tenía ningún empeño en sacar adelante esa iniciativa. Lo habrá perdido últimamente, porque el empeño del ministerio era grande y evidente cuando el secretario de Estado de Justicia, José Luis González Montes, contestó al aluvión de críticas diciendo que la rebaja de la edad penal propuesta era "procedente, útil y adecuada en el momento presente". Y advirtió que si bien el debate al respecto no estaba cerrado -era el pasado día 8-, "el ministerio no se ha planteado reforma alguna del texto".

Partidos políticos, juristas, magistrados y hasta el fiscal general del Estado habían expresado sus serias dudas, sobre la oportunidad y reservas sobre la propia constitucionalidád de una medida que podría violar el principio de igualdad ante la ley. Pero todo indica que el Ministerio de Justicia se sentía muy respaldado por la interpretación. que el Gobierno parece haber hecho de la oleada de indignación que sacudió a la sociedad española después de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Se sentía por ello con las manos perfectamente libres para "no plantearse reforma alguna del texto" (en palabras de González Montes) cuando apenas había sido presentado éste a los partidos de los Pactos de Ajuria Enea y Madrid y, por tanto, no se había podido hacer siquiera un primer intento de recabar un consenso que, por otra parte, ya era claramente imposible.

No es la primera vez que el Gobierno tiene que enmendar a la ministra de Justicia. Pero a estas alturas sí podía haber demostrado que la práctica adquirida le confiere mayor agilidad en ello. De haber sido así, hubiera evitado un grave punto de fricción en el agitado debate que durante todo el mes de agosto tanto daño ha hecho a la necesaria unidad de los partidos democráticos en la lucha antiterrorista.