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La Comisión Europea abre la investigación sobre la compra de Antena 3 por Telefónica

Bruselas exige a Fomento explicaciones sobre la legalidad de la operación

Xavier Vidal-Folch

La Comisión Europea ha iniciado de lleno la investigación sobre si la compra de Antena 3 Televisión por Telefónica incumple la legalidad comunitaria y constituye un abuso de posición dominante. En una carta enviada al Gobierno, que le traslada la queja presentada por Canal Satélite Digital contra la operación, viene a advertirle de los peligros que supone autorizar la adquisición de Antena 3 por Telefónica. En caso de que la autorización ya haya sido otorgada, el Gobierno español se arriesga a un nuevo procedimiento de infracción y a tener que suspender la operación.

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Fomento replica, pero no explica

La carta supone la apertura de la investigación consecuencia de la queja presentada el 31 de julio por Canal Satélite Digital. Traslada al Gobierno dicho escrito y le pide explicaciones. "Ya ha sido enviada" indicó una fuente del Ejecutivo comunitario. A preguntas de este diario, el Ministerio de Fomento reconoció a las ocho de la tarde haberla recibido, e indicó que llevaba fecha del 6 de agosto. Enseguida se aprestó a emitir un comunicado sobre el texto de Bruselas, extrañamente, seis días después de recibirlo.El departamento del comisario Karel Van Miert considera que la aprobación gubernamental de la compra de Antena 3 por Telefónica "es inadecuada, dados los indicios de que dé lugar a un abuso de posición dominante de Telefónica en el mercado audiovisual español y, en consecuencia, restrinja la competencia", según fuentes del mismo.

El Gobierno se arriesga a afrontar un nuevo procedimiento de infracción en la batalla audiovisual, tras el abierto por Bruselas contra la ley digital española. En este caso, la causa sería haber infringido el artículo 5 del Tratado, según el cual, "los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización" de sus fines.

Ese artículo no es sólo una orientación moral, sino que implica una obligación a los Gobiernos de observar determinadas conductas. Cuenta con jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, corno la establecida en la sentencia Ahmed Saeed, sobre aviación civil, por la que se prohibió a las autoridades la aprobación de acuerdos tarifarios contrarios al Tratado y les advirtió de que "deberán abstenerse de toda medida que pueda considerarse como un estímulo" a dichos acuerdos.

Y el Gobierno se arriesga también a que la Comisión, tras abrir un procedimiento de infracción, adopte medidas provisionales urgentes que le obliguen a suspender la autorización previa de la operación de venta, si es que ha sido ya formalmente otorgada. Bruselas ha "intentado aclarar" la rocambolesca historia de la autorización otorgada por Fomento a la operación, según un alto funcionario.

Medidas directas

Mientras que en el litigio de la ley digital la Comisión anunció que solicitará las medidas cautelares al Tribunal de Justicia, en este caso podría adoptarlas directamente, siempre que se cumplan tres requisitos: que haya detectado la existencia probable de una infracción; que exista un riesgo grave e irreparable que justifique la urgencia (como el litigio sobre los derechos del fútbol, en plena pretemporada); y que tengan una vigencia temporal limitada.La Comisión ha requerido también a Telefónica que le haga llegar sus alegaciones al escrito de queja contra la compraventa presentado por Canal Satélite Digital. La "mera presencia" de la compañía de Villalonga en la actividad digital ya debilitaba la competencia, según dicho escrito. Pero la operación de compra de Antena 3 constituye un abuso, realizado con recursos generados en régimen de monopolio, porque mediante ella consigue reforzar aún más su posición, añadía.

No en vano Telefónica entra, de la mano de Antena 3, en el capital de Audiovisual Sport y de Canal Satélite, con lo que adquiere una ventaja adicional: tendrá acceso a información de éste y podrá "interferir" en sus actividades, lo que es especialmente grave en el momento del despegue de la televisión dígital en España.

La operación intenta "extender la posición dominante" de Telefónica desde "los mercados del cable y de las telecomunicaciones al mercado adyacente de la televisión digital por satélite", indicaba la queja. Y ello, para "impedir que en el futuro pueda surgirle algún competidor en los mercados que hoy por hoy domina", a saber, el de la telefonía básica y el de la prestación de servicios interactivos mediante redes digitales de cable. Su temor estriba en que si no arrasa en el mercado de la televisión digital, otros operadores procedentes de éste, acaben entrando en la telefonía, por lo que la empresa presidida por Villalonga se ha orientado a construir "paquetes básicos de servicios electrónicos, incluida la telefonía" como un elemento más, según un documento estratégico interno de la compañía.

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