Bruselas aprecia "inseguridad jurídica y caos legislativo" en la TV digital en España

La Comisión Europea denuncia el "estado de inseguridad jurídica y caos legislativo" al que se ve sometido el mercado de la televisión digital en España, en el dictamen motivado enviado al Gobierno español por el cual le comunica su decisión de un plazo de un mes para rectificar la problemática norma. El dictamen, a cuyo texto ha tenido acceso EL PAÍS, insiste en que el ejecutivo comunitario solicitará medidas cautelares al Tribunal de Luxemburgo. Y concreta que pedirá la "suspensión" de los artículos ilegales de la ley digital española, así como que los magistrados obliguen al Gobierno a "abstenerse de adoptar cualquier medida administrativa de aplicación" de los mismos en caso de ser desobedecida.

El dictamen firmado por el comisario de Mercado Interior Mario Monti, concluye sus 27 páginas argumentando que esas medidas excepcionales -jamás solicitadas contra España en sus once años de pertenencia a la Europa comunitaria- se justifican por la "naturaleza de las infracciones" la "gravedad de la violación del orden jurídico comunitario" y el "riesgo de un perjuicio grave e irreparable a los operadores" que supondría la aplicación de la ley digital española.Ni uno sólo de los argumentos desplegados en las 67 páginas -anexos aparte- del pliego, de descargo formulado por el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, halla eco positivo en el texto remitido por la Comisión al Gobierno español.

El dictamen denuncia que la ley viola la -libre circulación de mercancías (artículo 30 del Tratado), recordando que "los descodificadores son mercancías". En virtud de ello, las exigencias de acuerdo entre la plataforma Vía Dígital auspiciada por el Gobierno sobre el sistema de descodificación usado por de Canal Satélite Digital (simulcrypt) son, por lo tanto, "obstáculos al comercio de descodificadores", por cuanto "dichos productos" no podrían comercializarse en España si la. ley fuera aplicada.

No vale la excusa de que la autorización condicional de este sistema y la incondicional del multicrypt (el de Vía Digital),se refieran a los únicos sistemas existentes hoy. Limitarse a ellos es "un obstáculo tecnológico" y "un obstáculo potencial al comercio entre Estados miembros". De modo que esa disposición "limita directamente, de manera evidente y cierta, el acceso al mercado español de dichas mercancías en función de sus características técnicas".

Creación de obstáculos

Evitar las posiciones dominantes es encomiable, pero la creación de obstáculos a la circulación de mercancías dista mucho de constituir un medio adecuado para defender la libertad de competencia", se lee en el dictamen. Y justificarlos con la defensa de los consumidores "son, no sólo excesivos y por ello desproporcionados, sino que además son probablemente inadecuados".Las barreras, "favoreciendo marcadamente" a Vía Digital, van "en detrimento no sólo de una empresa ya activa en el mercado [Canal Satélite], sino también de otras entre las cuales figuran los fabricantes de descodificad ores, operadores de telecomunicaciones, programadores independientes, agencias de publicidad, anunciantes y consumidores".

Bruselas rechaza también las exigencias de certificación previa de aparatos, de registro, y "todo requisito de autorización [porque] constituye una restricción a la libertad de prestación de servicio?. La "tolerancia" susurrada por el Gobierno en la aplicación no basta: "El poder judicial no estaría vinculado por ninguna interpretación de la ley hecha por la administración". En cualquier caso, añade, la ley "genera un estado de incertidumbre y falta de seguridad jurídica, e incluso una apariencia de ilegalidad" que desincentiva a consumidores y operadores.

Sin argumentos

No concede al Gobierno razón en ninguno de sus argumentos y por tanto "insta al Reino de España a que adopte las medidas adecuadas para conformar la normativa española y su aplicación práctica al presente dictamen". El texto no concreta cuáles deben ser esas medidas, pero lo hizo el comisario Monti la semana pasada: la solución "debe consistir en una modificación de la ley, lo que pueden hacer mediante un decreto-ley, realizable en muy poco tiempo".[El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, comparecerá hoy en el Congreso de los Diputados para debatir el requerimiento de la Comisión a Españal.