El Gobierno suprime el pago de la deuda histórica que exigen las autonomías

El Gobierno del PP ha decidido suprimir las aportaciones a las comunidades autónomas por la llamada "deuda histórica". Andalucía, Extremadura y Galicia han invocado este concepto, apuntado en alguna cláusula de sus respectivos estatutos, para reclamar aportaciones destinadas a nivelar la prestación de servicios transferidos. Las dos primeras (gobernadas por el PSOE) invocaron con éxito el concepto y lograron que el Consejo de Ministros socialista del 22 de febrero de 1996 aprobara aportaciones a su favor de 20.000 y 5.000 millones, respectivamente.El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, ha decidido plantarse ante las nuevas reclamaciones de las comunidades autónomas que esgrimen este concepto. Rajoy argumenta que conceder aportaciones por deuda histórica es tanto como reconocer que "España está en deuda consigo misma".

Un informe interno del citado ministerio señala que casi todos los estatutos autonómicos contienen cláusulas que pueden interpretarse como un argumento favorable a la deuda histórica. El informe invoca la disposición transitoria quinta de los de Galicia y Valencia; la disposición transitoria décima de los de La Rioja y Cantabria; la disposición transitoria segunda de Canarias o la adicional segunda de Extremadura, o artículos diversos de los estatutos de Aragón y Castilla-La Mancha.

El informe del Gobierno concluye que "la configuración de un sistema de financiación general, solidario y, en definitiva, integrado, difícilmente soportaría un diseño y una dinámica que condujera a su dispersión o a unos planteamientos en los que el Estado por razones históricas es el deudor de todas las comunidades autónomas o en que las comunidades autónomas fueran deudoras entre sí a partir de deudas históricas planteadas por cada una de ellas".