La Comisión obliga al Gobierno a cambiar su ley digital, so pena de denuncia judicial

La Comisión Europea decidió ayer por unanimidad obligar al Gobierno español que modifique la ley española de televisión digital, por violación del derecho comunitario.La Comisión considera "incompleta e insafactoria" la respuesta contenida en el pliego de descargo que envió el Gobierno español. La "eliminación" de los artículos ilegales de la ley debe completarse antes de un mes, a contar desde la notificación. En caso contrario, el ejecutivo comunitario acudirá al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y le pedirá medidas cautelares que paralicen la aplicación de la ley

La Comisión decidió ayer por unanimidad enviar a Madrid el "dictamen motivado" con el que pone fin a la fase precontenciosa del expediente de infracción. Los comisarios constataron que el pliego de descargo enviado por el Gobierno español contenía una respuesta "incompleta e insatisfactoria" a la carta de emplazamiento enviada por Bruselas el 27 de junio y decidieron pasar a mayores. El comisario responsble del Mercado Interior, Mario Monti, firmará y enviará hoy el dictamen al Gobierno español. Durante la reunión del colegio de comisarios, el español Marcelino Oreja propuso que la Comisión "mantuviera abierto el diálogo" con Madrid durante el mes de plazo con que cuenta para cambiar la ley. "Si el señor Oreja repasa el expediente, constatará que lo que más hemos hecho ha sido dialogar con el Gobierno español, terció Monti. Ante los periodistas, el comisario de Mercado Interior precisó que su actitud "no consiste en negociar, sino en la disponibilidad de ofrecer al Gobierno los elementos complementarios y las orientaciones para modificar su ley". El plazo, añadió Monti, "es suficiente para que las autoridades españolas adopten una solución, que debe una modificación de la ley, lo que pueden hacer mediante un decreto-ley, realizable en muy poco tiempo".

Reunión el 3 de septiembre

Si Madrid vuelve a desobedecer, pintarán bastos. La Comisión volverá a reunirse el 3 de septiembre y tomará "una nueva decisión" pero a nadie se le oculta con qué orientación: "Se sigue de forma más bien natural que en ausencia de elementos nuevos, después del dictamen motivado la próxima decisión es acudir al Tribunal, indicó Monti. Sería para pedir medidas cautelares o provisionales de suspensión de la ley por los perjuicios irreparables que ocasiona a algún operador, en este caso a Canal Satélite Digital, y contra el fondo de la misma.El dictamen motivado reiterará la argumentación de la Comisión en los siguientes puntos:

La ley atenta contra la libertad de circulación de mercancías (artículo 30 del Tratado) y contra la libre prestación de servicios (artículo 59) a los usuarios españoles de servicios de acceso condicional y de televisión digital. "La preferencia otorgada a un descodificador, el multicrypt, bajo pretexto de que el simulcrypt debe ser considerado como cerrado" es ilegal "puesto que el simulcrypt debe ser considerado igualmente abierto, y la directiva europea admite todos los descodificadores mientras sean aptos para uso universal", dijo Monti.

Los poderes de fijar tarifas que la ley otorga a la Administración vulneran la directiva sobre normas de televisión.

La exigencia de homologar previamente los equipos (y entre ellos, los descodificadores) debería haber sido notificada a la Comisión con antelación, lo que no se ha hecho, por lo que no es aplicable, además de conculcar los artículos 30 y 59.

El Gobierno envió ayer un mensajero a establecer contacto con Monti, ante quien el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, se ha ganado fama de lucir terquedad antieuropeísta. El nuevo emisario es Gerardo Galeote, jefe de los eurodiputados populares españoles.

Galeote ha fracasado ya en alguno de sus intentos de convencer a los ministros con mejor entrada en Bruselas -como el vicepresidente económico, Rodrigo Rato- para que presionaran a fondo a los comisarios Monti y Van Miert (responsable de Competencia) en favor de sus intereses, y ahora le tocará seguramente la tarea inversa: convencer al Gobierno de que dé marcha atrás. Hasta el momento, Rodrigo Rato, sabedor de que la causa de la ley digital está destinada al fracaso, ha resuelto la papeleta con algunas rápidas frases de compromiso.

Parecida ha sido la actitud del titular de Asuntos Exteriores, Abel Matutes. Personas cercanas a Matutes han lamentado "la desconfianza" de Fomento respecto de Exteriores en este asunto. El fracaso, indican, "corresponde enteramente a Fomento", que ha seguido las instrucciones del vicepresidenete Alvarez Cascos, sin dejarse aconsejar. También han ironizado sobre la "extrema celeridad" con que Rafael Arias-Salgado ha pretendido suplir a su actual titular, especulando con su enfermedad. Las mismas fuentes recuerdan que Arias aspiró tenazmente a ocupar la cartera de Defensa. Tras ser nombrado para ella Eduardo Serra, éste fue objeto de una dura campaña de desprestigio atribuyendo el nombramiento al rey Juan Carlos.