Los 26 ataques de Fomento a Canal Satélite Digital, rechazados por Monti

"Si el Gobierno considera que hay casos de abuso de posición dominante, el derecho comunitario prevé instrumentos para hacerles frente, pero otra cosa es introducir [para combatirlos] una ley que viola el Tratado".Con esta senequista actitud didáctica, el comisario Monti explicó ayer al Gobierno español que si quiere atacar a Canal Satélite Digital debe hacerlo con otros mecanismos, sin inventarse leyes exóticas.

Monti contestaba con este consejo al ser interrogado sobre su opinión acerca de la reiterada acusación que el Gobierno realizó en su pliego de descargos contra Canal Satélite Digital. El pliego enviado por el Gobierno como respuesta a la carta de emplazamiento de la Comisión, en efecto, sólo añadió un argumento nuevo a los utilizados en las conversaciones previas: el pretendido abuso de posición dominante a cargo de Canal Satélite Digital.

Para justificar su ley, el ministerio de Fomento mencionó hasta 26 veces esa eventualidad. "Se ha querido evitar el posible abuso de la posición adquirida por el operador dominante" se escuda Fomento en su defensa, en la página 20 de las alegaciones presentadas.

"El legislador español se encuentra con un operador monopolista de televisión analógica de acceso condicional, el cual, por ello mismo, ocupa una inmejorable situación para convertirse en monopolista de la televisión digital", explica en la página 16.

"La mencionada empresa pretende aprovecharse de la situación de monopolio de la que se beneficia", se dice en la página 41 del informe.

Es difícil encontrar una justificación de texto legal basada de forma "tan abrumadora" en la toma de posición contra una empresa, indican expertos jurídicos. Pero toda esta defensa de la ley ha sido rechazada. Y ahora hay que cambiarla.

Todo este conflicto parte de la aprobación de la ley digital, en abril, con los votos del Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Nacionalista Vasco. La Comisión Europea abrió en junio un expediente contra España por entender que la ley digital viola aspectos fundamentales del Tratado de Roma y varias directivas comunitarias. La Comisión otorgó un plazo de quince días al Gobierno para contestar y anunció la petición de "medidas cautelares" para suspender la aplicación de la ley.