Seismo audiovisual

EL MAPA de la televisión privada sufrió ayer un terremoto. Por una parte, la Comisión Europea (CE) exigió al Gobierno español que modifique antes del 1 de septiembre aspectos sustanciales de la ley de televisión digital, bajo advertencia de que en casó contrario elevará el asunto al Tribunal de Luxemburgo con petición expresa de suspensión cautelar. Por otra, Telefónica se hace cargo de Antena 3 mediante la compra. de las acciones de Antonio Asensio. Por último, las oficinas de Telecinco fueron registradas por orden judicial en un procedimiento abierto por presunto delito fiscal contra algunos de sus anteriores administradores.La CE, tan reacia siempre a enfrentarse de manera frontal a los Gobiernos nacionales, no ha tenido en esta ocasión otra salida que conminar al Ejecutivo español a que modifique una ley aprobada en el Parlamento y en cuya tramitación se empleó a fondo el PP, apelando incluso al voto de IU. Y ello a pesar de las reiteradas advertencias que habían llegado desde Bruselas sobre el contenido de dicha norma, aprobada primero como decreto-ley y luego como ley en tramitación de urgencia. La CE se erige así en la defensora (le la legalidad frente a un Gobierno que no tiene empacho en saltarse las normas para conseguir sus propósitos. Bruselas advierte así que en Europa no se pueden violentar las reglas del juego a capricho de un Ejecutivo que todavía no se ha dado cuenta de lo que significa ser socio de la UE y que en su voracidad intervencionista ha terminado por poner en ridículo al Parlamento.

De no cambiar la ley, la CE acudirá en septiembre al Tribunal de Justicia europeo para que tome medidas cautelares y suspenda la aplicación de los artículos contrarios al ordenamiento comunitario. El sonrojo lo provoca el hecho de que sea la primera vez, en los 11 años de pertenencia de España a las Comunidades Europeas, que Bruselas amenaza con suspender cautelarmente una ley nacional, procedimiento seguido sólo en otras siete ocasiones. Aznar, avisado ya de que infringía normas básicas comunitarias desde que aprobó el decreto-ley en enero, descubre así, pese a su intento de trivializar el procedimiento de infracción de la Comisión Europea, que gobernar en un Estado democrático de la Unión Europea es algo más que aplicar un autoritario aquí mando yo.

Pero, erre que erre e incapaz de soportar el sofoco europeo, el Ejecutivo ha pilotado otra operación que modifica sustancialmente la propiedad de la televisión privada en España, con las secuelas que tales movimientos pueden tener sobre la pluralidad informativa. El Consejo de Administración de Telefónica, reunido ayer (el mismo día en que la atención se centraba en el topetazo europeo a Aznar), aprobó la compra del 25% de Antena 3, el paquete oficial de Antonio Asensio y el máximo legal permitido a un solo accionista.

Telefónica, primera empresa española que cotiza en los principales mercados bursátiles del mundo, entra a participar en la televisión. A raíz de la desregulación norteamericana, las principales empresas de telecomunicaciones han penetrado en este sector, pero no lo han hecho siguiendo estrategias de su Gobierno, y mucho menos en pleno disfrute de un monopolio en la telefonía básica -aún vigente- y con una licencia general de cable. Es urgente que Telefónica explique a sus accionistas este cambio de estrategia que, por supuesto, no venía ni siquiera insinuado en el cuaderno con el que fue privatizada hace unos meses: cómo aumenta así el valor de la compañía, por qué diversifica su campo de actuación cuando el mercado de las telecomunicaciones en España dista mucho aún de estar maduro y por qué lo hace ahora, justo en el momento en el que por primera vez en su historia tiene que competir con un segundo operador (Retevisión, empresa que posee el monopolio de la transmisión de la señal de todas las televisiones). ¿No hay contradicciones? ¿Es el momento idóneo para que Telefónica dedique sus recursos a la televisión? ¿Y para que intente regar de millones de dólares el mercado de derechos audiovisuales, pagando precios de ensueño?

La estrategia es demasiado arriesgada empresarialmente, pero muy rentable para el Gobierno. Ante las insalvables dificultades de la plataforma gubernamental que comandaba Telefónica se introduce en la propiedad de su competidor, Canal Satélite Digital, y en Audiovisual Sport, que controla los derechos del fútbol. Un pie en cada plataforma, y eso "en nombre de una política que dice luchar contra los monopolios. Lo que Telefónica no había conseguido compitiendo, lo logra con su avasallador potencial monopolista.

Ante este hecho se plantea la siguiente cuestión: Telefónica, la primera empresa privada española, que mueve casi un 10% de la Bolsa, se viene administrando desde que Aznar llegó al poder no por criterios profesionales, sino por los vaivenes políticos que marca el Gobierno. El mejor mérito de Juan Villalonga para presidir Telefónica es su condición de amigo íntimo de Aznar. ¿Puede alguien tener dudas de cuál será la orientación informativa de Antena 3 a partir de este momento?

Villalonga no ha conseguido reorganizar la empresa, no ha logrado concretar el publicitado acuerdo con BT y MCI, que por tan amargos momentos está pasando, y ha debilitado la presencia de Telefónica en el exterior. Y ahora entra en el mundo de la televisión privada. El asfixiante intervencionismo del Gobierno en la comunicación subió ayer un nuevo escalón. Lo que no ha conseguido manejando a su arbitrio el Boletín Oficial del Estado, o encargando estudios que otros han llevado a los tribunales, lo pretende alcanzar ahora mediante el talonario de sus aliados.