Las dimisiones en el Ejército y en el Gobierno provocan una grave crisis política en Perú

El agravamiento de la crisis peruana -la más importante que se registra durante el mandato del presidente Alberto Fujimori- con la renuncia presentada ayer por los ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Tudela, y de Defensa, general Tomás Castillo Meza, confirmó los serios problemas de convivencia registrados en el seno de las Fuerzas Armadas y del Gobierno de Fujimori, cuyas últimas medidas contra la libertad de expresión y el Estado de derecho son duramente contestadas. Fujimori reaccionó ayer con una rápida remodelación de cinco ministeos de su Gobierno.

El presidente Alberto Fujimori tomó ayer juramento a cinco nuevos ministros: los de Interior, general José Villanueva, que sustituye al general César Saucedo; Defensa, el mencionado Saucedo; Exteriores, Eduardo Ferrero; Justicia, Alfredo Quispe Correa, y Pesca, Ludwig Meler Cornejo.Al acto asistió el ex titular de Exteriores, Francisco Tudela, quien desencadenó la crisis en el Gabinete al dimitir en desacuerdo con la política del presidente en materia de libertades civiles.

Para dar sensación de unidad y acallar los rumores levantados por la dimisión del ministro de Defensa, los altos mandos militares expresaron ayer su "subordinación y disciplinado respaldo" a Fujimori.

Político en alza, Tudela fue un ministro respetado y rehén del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Durante el rescate recibió un balazo en la pierna. Los últimos escándalos, el espionaje telefónico ilegal y la retirada de la nacionalidad al propietario del Canal 2, cuyos informativos denunciaron casos de corrupción oficial impunes, distorsionan la democracia peruana, que adquiere alarmantes ribetes de dictadura en varios de sus flancos.

La irrevocable dimisión del canciller, por una cuestión de principios y porque su permamencia en un Ejecutivo bajo sospecha limita sus ambiciones políticas, parece demostrar que los cargos de la oposición contra el irrespetuoso autoritarismo presidencial y las ¡legalidades perpetradas por las Fuerzas Armadas o el asilvestrado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) no son gratuitos.

Aunque en una nota a la prensa Tudela alegó razones personales, un colaborador precisó que dimitió por no estar de acuerdo con el despojo de la ciudadanía peruana a Baruch Ivcher -propietario del Canal 2-, y porque "quedó horrorizado" al conocer el espionaje telefónico atribuido al SIN, controlado por VIadimiro Montesinos.

La salida de Tudela ha sido lamentada por la mayoría. Desde la oposición se le habían aconsejado que dimitiera. Se le tiene por un político con futuro, por un hombre de "capacidad brillante que actuó en defensa de la soberanía", subraya el diputado Alfonso, Grados, en referencia a su protagonismo en las negociaciones fronterizas con Ecuador. El prestigio del ex ministro se acrecentó después de su cautiverio de 126 días, con otras 72 personas, en la residencia del embajador japonés tomada por el MRTA el 17 de diciembre del pasado año.

Los últimos atropellos al ordenamiento jurídico y a las libertades constitucionales denunciados públicamente agruparon a los partidos y a los peruanos más atentos a la vigencia de un pluralismo que hace aguas. Voluntarista, el legislador Fernando Olivera, jefe del Frente Independiente Moralizador (FIM) exigió la dimisión de Fujimori, que sufre un bajón del popularidad sin precedentes: sólo el 23% de la muestra consultada por Apoyo S.A aprueba su gestión. Olivera pide un Gobierno de unidad nacional "para salvar al Perú de un desastre anunciado". "Los peruanos no somos débiles mentales, señor presidente". Se refiere el diputado a las explicaciones del jefe de Gobierno sobre las escuchas a políticos, periodistas, empresarios o artistas de la farándula limeña, y sobre la retirada de la nacionalidad al empresario de origen judío dueño del Canal 2, protestada por el Departamento de Estado en Washington, y actualmente en manos de la justicia al haberse interpuesto recurso.

En entrevistas a la agencia EFE y la cadena local América TV-Canal 4, Fujimori destacó que Ivcher, peruano desde 1984, no había renunciado a su condición de israelí. Además negó que los servicios de inteligencia hayan sido los autores del espionaje telefónico, y que su mandato esté sujeto a la voluntad de los militares. Las acusaciones forman parte, dijo, de una "sofisticada campaña psicopolítica" opositora. "Cualquier persona" puede interferir llamadas y añadió que "hay particulares que tienen esa costumbre". El destacado periodista televisivo César Hildebrand -una de las 197 personas "chuponeadas" clandestinamente, entre las que figura la colaboradora de este periódico, Laura Puertas- replicó que "Fujimori cree que todos somos unos tontos y nos chupamos el dedo".

Unas 7.000 personas se manifestaron ayer en Lima para exigir a Fujimori que respete las libertades civiles. Durante el acto se produjeron choques con la policía.