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Editorial:

Juicios por genocidio

EL GOBIERNO de Estados Unidos ha decidido apoyar oficialmente la investigación abierta en España por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón contra el general Augusto Pinochet, el dictador que gobernó Chile desde 1973 hasta 1990. Aunque la causa abierta se centra inicialmente en la responsabilidad del general en la muerte de ciudadanos españoles durante la brutal represión que siguió al golpe militar, ésta ha sido ampliada a la más genérica acusación de genocidio por el carácter sistemático que adquirieron los asesinatos y torturas bajo Pinochet.Es bueno para la justicia, pero también para la política y para la dignidad humana, que los dictadores y sátrapas diversos, los criminales de guerra y los asesinos en serie se sientan inseguros. La disposición de la fiscalía estadounidense a colaborar con el juez español en el caso Pinochet coincide con las noticias sobre la supuesta detención de otro de los más tristemente célebres criminales de la segunda mitad del siglo, el camboyano Pol Pot, y el comienzo de un nuevo juicio en La Haya contra un presunto criminal de la guerra de Bosnia-Herzegovina, en este caso un general croata. Son buenas noticias; demuestran voluntad política de impedir la impunidad de crímenes contra la humanidad. El Gobierno español tiene ahora ocasión de hacer su propia aportación a este clima accediendo a la extradición de dos nazis refugiados en España y cuya entrega pedirán hoy en Madrid representantes del Centro Simon Wiesenthal.

Pinochet es un ejemplo preclaro de lo que es un criminal irredento. En ningún momento ha mostrado el menor pesar por los miles de asesinatos producidos por orden suya y los inmensos sufrimientos que causó a su propio pueblo. Con la arrogancia de quien se considera impune ha despreciado a quienes pedían justicia y a quienes, dispuestos a perdonar, exigen una declaración de arrepentimiento. Pinochet ha demostrado ser humanamente incapaz de ello.

Los archivos norteamericanos deben tener suculenta infórmación sobre los crímenes cometidos bajo Pinochet. Al fin y al cabo, servicios de información de EE UU jugaron un importante papel en la consumación de la tragedia chilena. Que ahora se pongan a disposición de la justicia demuestra que, pese a todo, la comunidad internacional avanza en su voluntad de castigar los crímenes habidos y prevenir su repetición. En Chile, la colaboración con el juez Garcia Castellón ha sido nula hasta ahora. Quizás el giro que da ahora la causa en España -y otras similares en curso en Italia y Francia- induzca a un cambio de la actitud oficial en Santiago. Pero incluso no siendo así, pronto puede haber una orden internacional de búsqueda contra el general. El criminal habrá perdido algo de tranquilidad. Y esto siempre es de justicia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de junio de 1997