Las rebabas de la calumnia

La resistencia de los políticos a reconocer sus errores sólo es comparable con la falta de diligencia de los periodistas para admitir sus equivocaciones. A mediados de enero, el Gobierno de Aznar acusó a los anteriores responsables -socialistas- del Ministerio de Hacienda, no ya de haber realizado una negligente gestión posibilitadora de la injustificada prescripción de 200.000 millones de deuda tributaria, sino de haber adoptado una prevaricadora decisión clientelista para perdonar tan exorbitante cantidad a 600 amiguetes del PSOE. Aunque las conclusiones de la comisión parlamentaria aprobadas la semana pasada despejan cualquier duda de buena fe respecto a la existencia de hipotéticas intencionalidades político-delictivas en el asunto, los portavoces del PP se han dedicado con entusiasmo a negar la evidencia y a repetir sus acusaciones.Los gobernantes del PP tratan de aplicar los métodos de reconstrucción del pasado imaginados por George Orwell en su novela 1984 no sólo para falsificar la historia de la transición, sino también para borrar de las hemerotecas sus simplificadoras declaraciones de los últimos meses sobre un complicado pleito fiscal originado por imprevistos cambios jurisprudenciales. Si ya resulta difícil aceptar la teoría según la cual los españoles deberían la democracia al partido fundado en 1976 por Fraga con otros cinco ex ministros de Franco precisamente para frenarla, es imposible que la opinión pública olvide las recientes insensateces de los portavoces del PP acerca de las causas de la hipotética prescripción multimillonaria de deuda tributaria.

En un primer momento, el vicepresidente segundo del Gobierno y el secretario de Estado de Hacienda mostraron ciertas cautelas en sus denuncias; mientras Rodrigo Rato lamentaba que la "falta de diligencia" de sus predecesores hubiese atentado "contra los derechos de los contribuyentes", Juan Costa aludía a "las responsabilidades políticas" de los altos cargos del Ministerio de Economía del anterior Gobierno. Una vez dado el banderazo de salida a los corredores, sin embargo, los dirigentes del PP se lanzaron a una enloquecida subasta de improperios. El coordinador Ángel Acebes sentenció que "los amigos ricos del PSOE no se pueden ir de rositas". El presidente Aznar acusó a los socialistas de haber concedido mediante torticeros rodeos "una amnistía fiscal encubierta". El portavoz Luis de Grandes concluyó que "el PSOE ha favorecido a los amiguetes". El vicepresidente Cascos ganó el concurso de chocarrerías: "Ni hermanas únicas, ni primas únicas, ni tías únicas. Aquí ha habido un Gobierno que no combatió el fraude fiscal, sino que ha defraudado a los españoles".

Aun sin ponerse de acuerdo sobre el fondo del asunto, los miembros de la comisión parlamentaria encargada de investigar los expedientes de la Agencia Tributaría bajo sospecha han delimitado al menos el marco de las responsabilidades exigibles. El PP ha conseguido la adhesión de sus aliados nacionalistas únicamente para condenar a los altos cargos socialistas por dos pecados de omisión: la "negligencia" para captar las señales del viraje jurisprudencial sobre los plazos de prescripción de las deudas tributarias en fase de liquidación y la "falta de impulso político" para adoptar a tiempo los remedios oportunos. Así pues, el dictamen suscrito también por el PP no habla de amiguetes ricos del PSOE beneficiados fiscalmente, ni de amnistía encubierta en su favor, ni de fraude organizado desde el poder socialista. Pero el Gobierno de Aznar parece haber llegado a la conclusión de que, si la realidad desmiente sus malévolos infundios, peor para los hechos: los portavoces del PP continúan ensuciando con reticencias, insinuaciones y bajezas calumniosas no sólo al ex ministro Solbes, sino a todo el cuerpo de inspectores fiscales.