Decisión de los gobiernos y no de los jueces

El representante permanente de España ante la Unión Europea, Javier Elorza, aseguró ayer en Bruselas que la nueva propuesta española no cambia en esencia el objetivo que se planteó el Gobierno desde el inicio de la Conferencia Intergubernamental para la Reforma Institucional de la Unión Europea (CIG). Elorza llegó a asegurar que España "nunca ha pretendido suprimir por completo el derecho de asilo" y citó específicamente que siempre se ha contemplado la posibilidad de que este derecho pudiera aplicarse a los nacionales de un país que no respetara los derechos humanos. "Se mantiene intocable el principio de que la demanda no sería admitida a trámite salvo en algunos casos que España no ha pretendido suprimir", dijo Elorza. Lo más importante, a su juicio, es que con la formulación española la concesión del asilo dependerá de los gobiernos y no de los jueces. "España no proponía suprimir el derecho de asilo, -sino sólo declarar procedimentalmente que no se admitiría a trámite: que se declarase su inadmisibilidad", enfatizó.Sin embargo, en la primera propuesta española la admisión del asilo sólo se contemplaba a través de una cláusula general, negociada en otro apartado de la CIG, en la que se prevé suspender de sus derechos como Estado miembro a aquellos países que sufran una involución democrática. Con la fórmula presentada ayer por España, la posibilidad de mantener el asilo se amplía a otros dos supuestos: a un país que aplique el Estado de excepción y, sobre todo, el derecho de cualquier Estado miembro a suspender temporalmente el futuro acuerdo sobre la normativa de asilo y, en consecuencia, poder otorgarlo a un nacional comunitario. En este caso, la decisión debe ser refrendada en un plazo de seis meses por el consejo de ministros de la Unión. Es una cautela para evitar abusos, pero al mismo tiempo el reconocimiento de que seguirá existiendo el asilo en el interior de la Unión, tal como exigían varios países y muchas organizaciones humanitarias.