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La supresión del asilo en la UE fue propuesta por el Gobierno del PSOE y asumida por Aznar

La supresión del derecho de asilo, para evitar su posible utilización propagandista por el terrorismo, fue una reivindicación del Gobierno de Felipe González. Todo nació en el verano de 1993, cuando dos presuntos colaboradores de ETA pidieron asilo político en Bélgica. La demanda fue admitida a trámite y luego denegada, pero el proceso se dilató al oponerse la justicia belga a su extradición posterior. Desde entonces, tanto el PSOE como el PP han exigido la total supresión del asilo político en el interior de la Unión Europea (UE).

El ministro socialista Carlos Westendorp advirtió en Bruselas a sus colegas de Exteriores de la Unión Europea (UE), que España bloquearía la reforma de Maastricht si no incluía esa petición. Sería "imposible" que el Parlamento español ratificase la reforma sin esa exigencia, adujo el 26 de febrero de 1996, reiterando argumentos de su colega de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Tuvo "pleno respaldo" del entonces portavoz popular en la Comisión Mixta de Asuntos Exteriores, Rafael Arias-Salgado: "Si el PP gana las próximas elecciones continuaremos con esa línea de actuación, que consideramos positiva".Fiel a su estrategia continuista de la política europea seguida por el Ejecutivo socialista, el Gobierno Aznar envió a finales de septiembre de 1996 a la Conferencia Intergubernamental (CIG), que tiene encomendada la reforma de Maastricht, un texto en el que razonaba que todos los Estados miembros de la UE "deben respetar los derechos fundamentales", por lo que "resulta contradictorio e injustificable que un nacional de un Estado miembro pueda ser acogido en otro Estado miembro como refugiado o asilado político".

Para consagrar dicha filosofía, España proponía añadir un párrafo al artículo 8 del Tratado de la Comunidad Europea, con la siguiente redacción literal: "Todo ciudadano de la Unión será considerado, a todos los efectos legales y judiciales relacionados con la concesión del estatuto de refugiado y cuestiones de asilo, como nacional del Estado miembro ante el que solicita asilo. En consecuencia, ningún Estado de la Unión admitirá a trámite una petición de asilo o refugio formulada por un nacional de otro Estado de la Unión".

"Examine" por"desarrolle"

España llevó esta propuesta a la primera cumbre de Dublín, el 5 de octubre y la reiteró ante la Dublín-II (12 y 13 de diciembre). A propuesta de Francia, las conclusiones de la presidencia incluyeron el siguiente párrafo: "El Consejo Europeo pide a la Conferencia [Intergubernamental] que desarrolle la importante propuesta de modificar los Tratados para establecer como un principio claro que ningún ciudadano de un Estado miembro de la Unión pueda solicitar asilo en otro Estado miembro, teniendo en cuenta los tratados internacionales". Esta redacción favorecía aún más a la posición española que el borrador, porque éste pedía que la CIG "examine", en vez de "desarrolle". La mención a los tratados internacionales fue incluida a iniciativa de países recelosos ante esta conclusión.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, consideró "un éxito" este compromiso político y el resultado de la cumbre, cuyas conclusiones, dijo, "dan satisfacción a las demandas españolas", especialmente las referidas a la creación de un espacio judicial europeo, y entre ellas la del asilo.

"Espaldarazo a España para acabar con el asilo político dentro del marco europeo", tituló EL PAÍS en su edición del día 15. "España logra que la reforma de Maastricht incluya la prohibición del asilo político" tituló La Vanguardia. "Aznar logra eliminar el derecho de asilo entre los países de la UE", encabezó su primera página El Mundo. "Aznar logra eliminar el asilo en la UE", reiteraba en su página 9. "Fin del asilo político en la UE", titulaba su editorial.

Poco después, el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR) y Amnistía Intemacional criticaron este compromiso porque a su juicio podría vulnerar los convenios de Ginebra y Roma sobre asilo y refugiados. Aumentaron los recelos de países con tradición de acogida, sobre todo los escandinavos y Francia. Muchos de ellos temían además tener que reformar sus Constituciones, y para ello, afrontar consultas populares. En un Consejo de ministros de Exteriores -el del 24 de febrero de 1997-, el ministro Abel Matutes consideró "irreversible" el acuerdo de Dublín-II. Y añadió: "Para España, ésta es la prioridad de las prioridades, porque no hay delito político en países democráticos, y ni siquiera contemplo la posibilidad de que se diera marcha atrás" sobre lo decidido en Dublín.

Por estas mismas fechas, un documento oficial elaborado en Exteriores, que se titulaba "Memorándum de España sobre la inadmisibilidad del asilo para ciudadanos de la Unión" (el confidencial 3820/97) reiteraba los argumentos políticos y jurídicos tradicionales españoles. E indicaba: "El asilo para nacionales de los Estados miembros tendría que haber quedado ya por completo superado por innecesario".

El día 4 de marzo, en una cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas, Aznar insistió una vez en más en defender la supresión del asilo, pese a las dudas de algunos socios. Declaró textualmente: "Quiero decir que, sabiendo que hay dificultades que vencer, espero que se llegue a una conclusión positiva al término de la Conferencia Intergubernamental sobre algo que me parece absolutamente esencial y elemental, que es que no puede haber derecho de asilo entre ciudadanos nacionales de países miembros de la Unión Europea. He cogido una impresión favorable [durante la reunión con los líderes del PPE], muy comprensible y muy deseosa de ayudar a la posición española en ese punto", añadía.

En la reunión de la CIG de ayer y anteayer, entre representantes personales de los ministros de Exteriores, España presentó su nueva propuesta: mantener el derecho de asilo, pero sólo en casos muy acotados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de abril de 1997

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