Aznar tratará con Menem la desaparición de españoles durante la dictadura militar

El proceso del juez español Baltazar Garzón contra los jefes militares implicados en la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina (1976-83), iniciativa protestada como improcedente por el Gobierno de Carlos Menem, constituirá el asunto político de mayor interés durante la visita que el presidente español, José María Aznar, comenzaba ayer en Argentina. El ejecutivo argentino se manifiesta especialmente irritado por este asunto.

En sus reuniones con Menem, Aznar deberá abordar además un flanco judicial de diferente signo: el español Javier Nadal, presidente de Telefónica de Argentina, fue procesado por un juez federal de la provincia de Mendoza, que suspendió por presunta inconstitucionalidad la aplicación de las nuevas tarifas acordadas por la compañía, gestionada por la Telefónica española, y el poder ejecutivo.Procedente de Brasil, Aznar llegaba esta madrugada (hora española) a Buenos Aires para una visita de cuatro días, la primera como presidente. Viajó en 1995 como jefe de la, oposición. Acompañado de empresarios brasileños y españoles, finalizó su visita al país más extenso y poblado de América Latina en Porto Alegre, capital de Río Grande del Sur, con un almuerzo en un club de vela en el que se embutió en un poncho cuyo uso tradicional, se le dijo, es el de esquivar puñaladas". En su desplazamiento utilizó un avión de 50 plazas fabricado en Brasil con una destacada participación de la empresa vasca Gamesa.El objetivo central de su visita es cultivar unas relaciones políticas tradicionalmente buenas, afianzar las cuantiosas y pujantes inversiones españolas en este país suramericano y facilitar la entrada de otras. Aznar se reunirá con el presidente Carlos Menem, con el gobernador de la determinante provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, con dirigentes políticos, económicos y magistrados, y pronunciará un discurso ante el Congreso. Atenderá asimismo a la Comisión de Desaparecidos Españoles, que recabará su apoyo en la permanente búsqueda de sus familiares, aproximadamente 300 entre españoles e hispano-argentinos, incluidos en una relación total de más 10.000 desaparecidos.

El Gobierno, irritado

Al Gobierno argentino le irrita mucho el proceso abierto por Garzón. Cosa juzgada, insiste. Desde el indulto de Menem en 1989 a los mandos castrenses responsables de las barbaridades perpetradas en aquel periodo, Argentina no admite nuevos juicios. Se apoya, además en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida promulgadas por el gobierno del socialdemócrata Raúl Alfonsín (1983-96).

Las demandas más concretas a Aznar son económicas, y le son expuestas por empresas aquejadas de problemas de instalación o inseguridad jurídica. Las escuchará Luis Fernández Norniella, secretario de Estado de Comercio, Turismo y Pymes.

Uno de los empresarios consultados -entre los que hay de derechas, de centro, y otros con el corazón en la izquierda y el bolsillo en la derecha- considera que Aznar debió haber reforzado el peso y presencia de los ministerios económicos en su comitiva pues las inversiones son cuantiosas y variadas: "Yo lo que quiero es más interlocutores. ¿De qué vamos a hablar y con quién?. Si lo que quiere con esta visita es hacer política para acosar y derribar a Felipe González que vaya sólo con los suyos".

Pese a los problemas jurídicos, o reparos a la organización del viaje, el desembarco español prosigue imparable porque la política es de Estado, aquí se gana dinero y las previsibles ganancias compensan los riegos. La inversión efectiva española, que pugna con Francia y Chile por el segundo puesto en la clasificación de inversores extranjeros, encabezada por EE UU, fue de 800 millones de dólares en 1994, 920 millones al año siguiente, y 1.500 millones en 1996. Durante el primer trimestre de este año se comprometieron 600 millones más.

Sin embargo, el caso Telefónica empaña las perspectivas. El presidente de la CEOE, José María Cuevas, todavía no había concertado ayer la solicitada entrevista con el ministro de Economía, Roque Fernández, poco interesado, al parecer, en pronunciarse sobre la causa de Mendoza contra Telefónica de Argentina, gestionada por la Telefónica española con el 30% del 60% de acciones decisorio.