La UE aplaza la demanda comercial contra Estados Unidos por la ley Helms-Burton

España, Francia, Italia y Bélgica propusieron ayer formalmente endurecer el principio de acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos para acabar con el litigio provocado por la ley Helms-Burton, que penaliza las inversiones en Cuba. Pretenden que, al menos, los Quince adopten una declaración complementaria que condene la aplicación extraterritorial de leyes internas y anuncie el reinicio "automático" del proceso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) si Washington incumple sus compromisos. Si eso se decide mañana, habrá acuerdo.

El principio de acuerdo (memorandum of understanding o protocolo de intenciones) alcanzado el viernes entre el subsecretario estadounidense de Comercio, Stuart Eizenstat, y el comisario europeo Leon Brittan, tuvo ayer una acogida agridulce por parte de los Quince en el Coreper. Aunque, si se endurece el texto o se aprueba una declaración adjunta: -anunciando la reintroducción automática del recurso a la OMC en caso de incumplimiento y condenando literamente la extraterritorialidad- tiene muchos números para ser aprobado en la reunión de mañana. De momento, se decidió pedir a la OMC que aplace una semana el inicio del procedimiento arbitral que debía haber empezado ayer mismo.La acogida fue dulce, porque lo apoyó sin fisuras un tercio de la UE: Alemania, Suecia, Portugal, Finlandia e Irlanda. Semi, pues Reino Unido, Grecia y Austria, exentos de entusiasmo, asumieron su pragmatismo: es "lo posible". Y agria, porque Francia, España, Italia y Bélgica se mostraron insastisfechas. "El texto es lamentable, plantea más problemas de los que resuelve", criticó el embajador francés.

La principal objeción francesa estriba en que no figura una denuncia explícita de la aplicación "extraterritorial" de las leyes internas, precisamente el motivo por el que se inició el procedimiento ante la OMC. Aunque el texto hace una referencia indirecta y acrítica a la extraterritorialidad, al indicar que ambas partes trabajarán conjuntamente para "resolver mediante consenso la cuestión de los conflictos jurisdiccionales, incluyendo las cuestiones que afecten a los inversores de otra parte por causa de sus inversiones en terceros países".

España lamentó que se dé una "tregua" a EE UU "con pocas garantías para la UE". Según el texto, ambas partes dispondrán de un plazo hasta el 15 de octubre para cumplir sus compromisos. Para entonces, Washington debe haber iniciado las gestiones con su Congreso para enmendar la ley Helms-Burton, aunque hasta lograrla podrá seguir aplicando "rigurosamente" su título cuarto, por el que se niegan los visados a los empresarios que hayan invertido en propiedades nacionalizadas por Fidel Castro.

Y sobre todo, exigió que la reanudación del panel de la OMC sea automática, sin necesidad de votar, si Washington persigue a algún empresario europeo. Algo similar pidió Bélgica. Italia se quejaba de la vaguedad de los compromisos estadounidenses por los que se excluiría á las empresas europeas de la ley D'Amato-Kennedy, que penaliza las inversiones en Irán y Libia. Las promesas de Washington "constituyen un compromiso moral, sin asumir obligaciones legales", según destacaba un experto español.

Brittan reconoció que "no tenemos garantías totales" de EE UU, porque se trata de un compromiso político y no de un tratado o de un pacto jurídicamente vinculante. Pero destacó los aspectos positivos del principio de acuerdo. El principal es que las empresas europeas sortearán la ley Helms-Burton, pues Clinton renovará la suspensión del título tres (el que permite a las compañías estadounidenses pleitear en su país contra las europeas que comercien con bienes cubanos nacionalizados) para todo su mandato y no cada seis meses. Y porque se ve con fuerzas para conseguir la enmienda del título cuarto (visados). A cambio, el compromiso europeo es "inhibir" o "desincentivar, pero no prohibir" inversiones en Cuba sobre bienes confiscados.