Sanidad quiere que se paguen las medicinas según el nivel de renta y estado de salud

Las medicinas gratis para todos los pensionistas tienen los días contados. Sanidad prevé cambiar el actual sistema de copago -según el beneficiario sea trabajador o jubilado- por otro que medirá el nivel de renta y las necesidades médicas, según explicó ayer el subsecretario del ministerio, Enrique Castellón. Pagará más quien más recursos tenga y menos problemas de salud. Y de ello podrían no librarse ni los enfermos crónicos, si su economía es potente. La propuesta buscará el respaldo de la ponencia parlamentaria para la reforma de la sanidad, que ya tiene del grupo de CiU.

No habrá tasa de 100 pesetas por receta. Eso aseguró Castellón durante su intervención ayer en unas jornadas sobre el gasto sanitario organizadas en la Universidad Autónoma de Madrid. Su departamento desestimó la idea, a cambio de otras cuyo objetivo último es aumentar la aportación del ciudadano a un gasto farmacéutico público que ronda los 800.000 millones de pesetas al año. Entre pensionistas, exentos de cualquier pago, y enfermos crónicos, con aportación reducida, el ciudadano hoy sólo sufraga un 8,8% de esta cantidad.Así la propuesta de Sanidad, que cuenta ya con el apoyo de los nacionalistas catalanes, es revisar el actual sistema de pago en medicinas, de forma que los que aportan el 40% del precio paguen algo más y los que no pagan nada, lo hagan en función de sus posibilidades económicas. Enrique Castellón planteó, incluso, la posibilidad de que los enfermos crónicos incrementen su nivel de participación igual que lo hacen los ancianos en las residencias geriátricas. Los críticos con esta fórmula siempre han planteado el coste administrativo que supondría un despliegue mayor de categorías de pacientes.

Copago por hostelería

De momento, el copago, sólo se plantea en, cuanto a la prestación farmacéutica. El subsecretario deslizó el ejemplo de algunos países europeos que han impuesto tasas por los servicios hosteleros de los hospitales, si bien reconoció que en la hostelería de la sanidad pública española hay poco que rascar.Para Castellón la ausencia de un precio por servicio sanitario dispara la demanda, que termina haciendo un mal uso o "abuso moral" de la citada prestación. Esta concepción chirrió en los oídos de la ex ministra de Sanidad y diputada socialista, Ángeles Amador. "El gasto sanitario se financia en un 97% a través de los impuestos, por lo tanto, gratuito no hay nada", le recordó al subsecretario de Sanidad.

Amador consideró que la clave del debate sanitario actual está en el tipo de modelo, "si es el público, con la obviedad de que hay que mejorarlo, o si queremos cambiarlo en otra dirección", dijo. La ex ministra coincidió con José Barea, director de la Oficina Presupuestaria, en que, aún con un gasto sanitario público inferior al de muchos países de la UE, España invierte acorde a su riqueza, lo que se traduce en unas 220 pesetas por persona y día, según Amador.

A punto de expirar el modelo de financiación sanitaria que se pactó para el trienio 19941997, su renegociación se ha convertido en una cuestión primordial entre el Gobierno y su socio catalán, con el trasfondo de un déficit de 200.000 millones a pesar de los intentos de contención. CiU pretende que cada año el presupuesto crezca un punto o 1,5 por encima del PIB, además de propugnar algunas reformas del actual modelo. Entre ellas, las formuladas por el propio secretario general de Asistencia Sanitaria del Insalud, Alberto Núñez Feijóo: contemplar, a la hora de repartir el dinero por autonomías, no solo el número de habitantes de cada una, sino también sus características, así como la existencia de hospitales de referencia para toda España o el número de desplazados que atienden.

Núñez Feijóo propugnó también para la nueva andadura presupuestaria la previsión de financiación para toda nueva prestación. Y puso el ejemplo de los 30.000 millones que debe afrontar el Estado para asumir los nuevos tratamientos contra el sida.

Eduard Rius, consejero catalán de Sanidad, hizo hincapié en el gasto que supone la población mayor de 65 años, "entre cuatro y cinco veces más que la población general, aseguró. Para financiar esta demanda creciente y otras, derivadas de las nuevas tecnologías, no descartó la utilización de impuestos especiales, como los del alcohol y el tabaco, e incluso, resucitó la polémica propuesta de fijar límites a las prestaciones.