El teléfono del juez del 'caso Calvià' estuvo 'pinchado' al menos dos meses

El teléfono particular de Javier Muñoz, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que investiga al Partido Popular (PP) por el caso Calvià (el intento de soborno con 100 millones de pesetas, en 1992, a un concejal del PSOE con el propósito de hacerse con la alcaldía de esa localidad balear, de gran proyección inmobiliaria), permaneció posiblemente pinchado durante un periodo de al menos dos meses, según se reconoce en el entorno del propio juez. El pasado 14 de marzo se presentó una denuncia por presuntas escuchas ilegales en el juzgado de guardia mallorquín.Muñoz había observado en diversas ocasiones, durante el tiempo señalado, ruidos extraños en la línea de su número de teléfono, de la que figura como titular su esposa, quien, según fuentes gubernamentales, se ha personado igualmente como denunciante.

En aquellas fechas, el magistrado ingadaba, bajo secreto sumarial, datos financieros y operaciones bancarias de personas del PP relacionadas presuntamente con el intento de soborno con 100 millones de pesetas a un edil socialista en 1992.

En este sentido, para hallar una presunta trama oculta del caso o finanzas paralelas del PP dedicadas a su patrocinio, Muñoz intervino los movimientos de 50 cuentas bancarias y reclamó los libros de apertura y visitas de las cajas de seguridad del PP en entidades financieras de Palma. Antes registró asimismo la sede del partido para hacerse con diversos documentos contables presuntamente referentes al tema.

Múltiples grabaciones

Dos destacados miembros de la Administración de Justicia de Palma reconocieron a este diario, al ser consultados sobre el alcance del pinchazo citado, que obran con gran precaución en las comunicaciones telefónicas ante la eventualidad de ser espiados. No en vano la historia judicial del caso Calviá está repleta de grabaciones de conversaciones sin consentimiento de los interlocutores.Especialistas de la Policía y también de la Guardia Civil han efectuado barridos en el tendido y conexiones de la red próxima al domicilio de Muñoz, en una avenida céntrica de Palma, así como en otras terminales que usa con frecuencia, pero no han detectado el presunto dispositivo de los pinchazos.

Muñoz fue alertado por un amigo de que una conversación mantenida por ambos había sido escuchada por uno de sus comunicantes telefónicos cuando ya habían transcurrido cinco horas de su conclusión. Supuestamente, este aviso sobre el incidente provocado por un error en el puente de la intervención pirata, que activó el magnetófono espía, alertó a los delincuentes y motivó la subsiguiente desconexión del pinchazo.