La 'nueva' política del agua

Tras casi un año de gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado ya pruebas concretas de la inexistencia de una voluntad política definida en materia hidráulica y, en particular, de la inexistencia de prioridades ambientales en esta materia. Más allá de las grandilocuentes declaraciones de principios sobre los nuevos criterios que iban a inspirar la política del agua eficacia, diálogo, rigor y de una continua descalificación de lo llevado a cabo en esta materia por Gobiernos anteriores, los hechos reales son los siguientes:1. En los Presupuestos Generales del Estado de 1997 se ha producido una drástica disminución de la inversión pública en general, que, en el caso concreto de la inversión ligada a la política del agua -obras hidráulicas, depuradoras, conservación y mejora de cauces, control de calidad de las aguas- ha caído en casi 60.000 millones (le pesetas respecto a 1996. De hecho, durante el presente ejercicio sólo se prevé ejecutar -y con dificultades presupuestarias ciertas- aquellas obras ya licitadas o contratadas.

2. La titular del departamento ha anunciado que esta disminución de la inversión pública se verá ampliamente compensada mediante incentivos a la iniciativa privada (aportaciones al capital de empresas mixtas, para lo que el ministerio dispone de 45.000 millones de pesetas, en el capítulo 8, de su presupuesto) y otras fórmulas de financiación extrapresupuestarias (concesión administrativa, obras con' pago diferido).

Este conjunto de actuaciones son ya posibles a partir de las disposiciones contenidas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1997 -en las que se prevé incluso que las confederaciones hidrográficas participen en, el capital de empresas concesionarias de obra hidráulica-, pero, en la práctica, no se ha producido todavía el menor avance.

Es más, sobre la previsión de distribución territorial de estas actuaciones, sobre el contenido concreto de las mismas o los costes para los usuarios de las obras, la ministra se ha negado, en el Parlamento de la nación, hasta la fecha, a dar explicaciones o a asumir compromisos. Cabe resaltar, por ejemplo, que difícilmente se podrá contar con la iniciativa privada para llevar a cabo determinadas inversiones prioritarias desde el punto de vista ambiental (por ejemplo, restauración de cauces, control de avenidas o vigilancia de la calidad del agua), ya que en estos supuestos resulta difícil rentabilizar la inversión privada, mediante la repercusión de su coste hacia los usuarios.

3. Una cuestión especialmente preocupante es la ralentización del Plan Nacional de Depuración de las aguas residuales, aprobado en 1995, y qué debe permitir el cumplimiento de las exigencias europeas en esta materia en el horizonte final del año 2005. Los acuerdos establecidos en 1995 entre el anterior Gobierno y las 17 comunidades autónomas comportaban el compromiso de una aportación anual del orden de unos 40.000 millones de pesetas, con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y al Fondo de Cohesión de la UE. Dado que en 1997 sólo se prevén. 15.000 millones de pesetas en el presupuesto del citado ministerio, los calendarios de cumplimiento de este plan peligran -en el año 1998 hay que alcanzar ya determinados objetivos, absolutamente alejados -en el caso de Cantabria, Galicia o el País Vasco-, y con ello las propias ayudas europeas vinculadas a esta finalidad.

4. Tras varias denuncias desde el PSOE y otros grupos políticos y sociales, la ministra de Medio Ambiente parece dispuesta a poner sobre la mesa el borrador de la reforma de la Ley de Aguas, en la que un reducido grupo de personas viene trabajando durante los últimos meses. Las filtraciones posibles, a pesar del extremo secretismo en torno a este texto han permitido conocer las intenciones ministeriales, muy discutibles, sobre la creación del mercado del agua. Las fórmulas de movilización de las concesiones que dan derecho al uso del agua se inspiran en el ejemplo de California, donde este tipo de transacciones, en realidad, apenas afectan al 2% del consumo total de agua. También aquí, como en el caso de la financiación extrapresupuestarias, resultan inciertos los efectos en términos de coste para los usuarios, así como en términos de satisfacción de necesidades a nivel territorial.