Las fundaciones sanitarias

Los máximos responsables del Insalud han señalado recientemente su intención de que los nuevos hospitales del mismo se establezcan como fundaciones. Este hecho, que supone una modificación sustancial en el funcionamiento del Insalud, merece varios comentarios.El primero tiene que ver con los aspectos legales de las fundaciones. Se trata de entidades jurídicamente privadas sin ánimo de lucro. Por tanto, para su constitución debe de realizarse una transferencia patrimonial de recursos públicos, en este caso además de la Seguridad Social, lo que parece al menos dudosamente legal. Además, el funcionamiento de las mismas da amplias atribuciones a los patronatos, sin que exista insuficiente publicidad sobre sus decisiones, ni capacidad de controlarlas, ni transparencia, lo que es impropio, teniendo en cuenta que se están utilizando fondos públicos, y no los recursos que un grupo de particulares ha querido aportar.

El segundo es que este tipo de medidas fragmenta y desregulariza el sistema nacional de salud, que, según señala en su preámbulo la Ley General de Sanidad, nace precisamente para subsanar los desastres de la incoordinación de la multiplicidad de los servicios sanitarios. Y, por tanto, rompe con las capacidades de planificación, integración y coordinación del sistema sanitario público. Además de impedir las ventajas de la economía de escala que todas las grandes empresas, entre ellas la sanitaria, tienen. Por eso puede decirse que este modelo tiene problemas desde el punto de vista sanitario y también del de su eficiencia.

El tercero es que la experiencia de desarrollo de fundaciones que existe en Galicia señala que se tiende a la apertura de centros hospitaliarios con déficit de infraestructura, de personal, de cualificación del mismo y de recursos tecnológicos. De resultas de ello la atención sanitaria es de menor calidad, y con frecuencia se suelen producir derivaciones excesivas hacia los hospitales de la red pública regular, muchas de las cuales no se producirían en caso de ser un hospital de gestión directa, que, al menos hasta el presente, cuentan con mejores recursos.

Una última cuestión. Existe una subcomisión en el Congreso que estudia la reforma sanitaria, a la que todos los grupos parlamentarios, el Gobierno y los propios responsables del Ministerio de Sanidad han encargado el debate, el análisis y la realización de propuestas para la reforma de la sanidad pública, y que incluye entre los temas a tratar la organización de los servicios sanitarios. No parece congruente con su existencia el que se estén tomando decisiones sobre aspectos tan importantes como éste, que han de condicionar sus resultados, y menos aún que se pretenda por parte de los responsables del Gobierno de dar el mensaje de que en la misma se trata de buscar un consenso de todos los grupos con representación parlamentaria. Aunque es cierto que puede ser que de lo que se trate es de adoptar acuerdos sobre los aspectos realmente relevantes para la sanidad de este país: el color de los uniformes, por ejemplo.