Rato descalifica a los socialistas por el 'caso de los 200.000 millones'

La comisión de investigación por la supuesta prescripción de 200.000 millones de pesetas que Hacienda tendría que haber recaudado a través de 600 expedientes durante el Gobierno socialista quedó constituida ayer por la mañana en el Congreso y estará presidida por el peneuvista Jon Zabalía. Por la tarde, en el pleno, el vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, en la misma línea de ataque a la oposición que sostuvieron el presidente José María Aznar y el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, sacudió estopa a los bancos socialistas y formuló acusaciones por su política fiscal en este asunto que comienza a investigar el Parlamento.

La comisión tendrá un nombre aséptico: Comisión de Investigación sobre la Tramitación de Expedientes en la Agencia Estatal Tributaria. Así lo anunció el presidente del Congreso, Federico Trillo, quien dio cuenta de que la mesa de la comisión estará presidida por Zabalía, tendrá como vicepresidente a Fernando Fernández de Trocóniz, del PP, y como secretaria a la diputada socialista Teresa Fernández de la Vega.

Público o secreto

Zabalía explicó en rueda de prensa que el primer gran debate en la próxima reunión, el 11 de marzo, será para dilucidar si los trabajos de la comisión tienen carácter secreto o, por el contrario, son públicos. Joan Saura, de IU-IC y miembro de la comisión, pidió que tenga carácter público. Según Saura, el PSOE y el Grupo Mixto apoyan esta posición.Pero el tema de fondo se suscitó por la tarde durante la sesión de control del Congreso. El socialista Joaquín Leguina preguntó al vicepresidente primero Rodrigo Rato por las medidas que ha tomado el Gobierno para salvaguardar los derechos de Hacienda respecto de la deuda tributaria de 200.000 millones. Rato anunció que sí han actuado y que ayer mismo el Boletín Oficial publicó la declaración de lesividad frente a la resolución del 16 de diciembre pasado del Tribunal Económico Administrativo Central que declaró prescrita una deuda tributaria.

Leguina le reprochó que no se haya declarado la nulidad del artículo 31 del Reglamento de la Inspección Tributaria en el que se fundamenta la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo que ha acogido la tesis de que una deuda tributaria prescribe a los seis meses de inactividad de la Administración. Rato contraatacó preguntándole por qué no fueron los socialistas quienes declararon nulo tal artículo y se respondió a sí mismo: "Por sus compromisos políticos derivados de la amnistía fiscal que otorgaron en 1991, y no precisamente a los contribuyentes más modestos".