Retrocede la igualdad

A lo largo de las dos últimas décadas, la sociedad española ha experimentado un proceso ininterrumpido de ampliación de sus metas políticas. La democracia se tomó en forma de convivencia y de tolerancia. Las libertades se ejercieron desde la más absoluta diversidad y desde el pluralismo. La política dejó de ser una actividad secundaria, adquiriendo la dignidad que nunca debía haber perdido; el Gobierno actuó en defensa de los intereses globales y generales, alejándose de la cobertura prestada históricamente a los intereses particulares. La economía se capitalizó construyendo un tejido productivo sólido; el progreso hizo que el atraso secular que padeció la sociedad quedara definitivamente roto. Todo ello, participando de forma activa en el proceso de construcción europea.Cristalizada una nueva sociedad, en ella el papel de las instituciones experimentó destacadas modificaciones. Por voluntad política se dirigió su acción liberadora hacia la construcción de una sociedad en la que hubiera un mayor equilibrio entre lo privado y lo público; en la que, partiendo del hecho de que la distribución de la renta y la riqueza no es sino una manifestación del poder, se actuaba con el fin de que la protección pública llegara a los que nunca habían tenido poder. La responsabilidad de que esto se consiguiera corrió a cargo del Estado, para el que la cobertura de las necesidades sociales básicas pasó a ser su tarea primordial, a la vez que reducía la intervención en la actividad económica.

El resultado de este doble proceso, de autonomía de la política y de explicitación de una voluntad reformadora, es de sobra Conocido. España experimentó un elevado desarrollo, a la vez que avanzaba en la igualdad social, al poner en marcha fuertes políticas redistribuidoras del progreso material.

Ante la hipótesis -posteriormente confirmada- de que hubiera un Gobierno de derechas, resultaba pertinente especular sobre la durabilidad de las anteriores orientaciones políticas. Más aún porque el PP, desde la oposición, había señalado nítidamente que su preferencia se situaba en el apoyo a las actuaciones, que suponían un "paso adelante" de la magistratura utilizando la judicialización de la política para destruir al adversario. A la vez que ocultaba su compromiso en el ámbito de la política, entendido éste como el propósito de mantener las de integración de intereses que venía aplicando el Gobierno anterior.

Este interrogante -al ayer y al hoy de la política española- conduce inexorablemente a determinar si las relaciones entre el poder y la sociedad tal como las habían fijado los socialistas permanecerían inalteradas o si, por el contrario, habrían de ser modificadas por el Gobierno del PP. Serviría para definir la nueva situación el signo que pudiera adquirir la política, ya sea apostando por el equilibrio, ya por la exclusión, en areas tan sensibles como- la política fiscal, la política educativa o aquella que define la articulación del Estado y la que delimita la tutela del trabajo.

Ha transcurrido un espacio de tiempo lo suficientemente dilatado como para poder pronunciarse sobre le rumbo adquirido por la política en España; para constatar si las modificaciones que han ocurrido han servido para visualizar una singladura diferente, producto a su vez de una gobernación distinta cuyo perfil fuera preciso y firme. No quiero ocultar que mi punto de vista está teñido de consideraciones pesimistas, puesto que el panorama político de España es hoy más incierto' y más preocupante que el existente en tiempos- inmediatos. Esta incertidumbre se manifiesta en la gobernabilidad global, donde el Estado asume cada vez menos responsabilidades, si bien donde adquiere intensa gravedad es en el abandono progresivo de la promoción de la igualdad.

En ninguna política se han exteriorizado tanto las preferencias ideológicas del PP como en la política fiscal. El ataque a todo cuanto signifique capacidad de pago junto con la decisión de reducir la progresividad del IRPF han sido claras señas de identidad de este Gobierno. Lo mismo ocurre con el discurso escogido, donde se sostiene que, actuando a favor de la desigual distribución de la renta y la riqueza, se crean incentivos -a través del esfuerzo y la innovación- que redundan en beneficio de todos. Tanto es así, que no ha dudado en acomodar la fiscalidad a las conveniencias personales, posibilitando un mensaje tan antiguo como rancio -y sobre todo falso- por el que los ricos y los acaudalados hablan como si fueran altruistas, benefactores y sobre todo defensores del bien común. Y lo hacen sosteniendo sin rubor que las medidas de desfiscalización de las rentas del capital tienen por exclusiva finalidad crear empleo. Por lo que son rápida, y entusiásticamente aceptadas y aplicadas por sus dueños y por quienes desde siempre han venido adoptando las decisiones económicas al margen de su buena fortuna personal. La realidad es más tozuda que la propaganda, lo que hace que la incidencia de tan generosa política de incentivos en la- ocupación esté pon ver. Antes de que pueda conocerse su efectividad, sí se sabrá que los daños en la distribución de la carga seran de difícil reparación.

Ahora bien, el interés con el que Aznar y Rato dirigen su política en pro de los acaudalados sólo es comparable con el silencio que adoptan hacia esos numerosímos contribuyentes que, por vivir de su trabajo y por dedicar la renta que en él obtienen a sostener su nivel de vida, no pueden, no tienen derecho, a ser beneficiarios de esa pléyade de beneficios fiscales. Ciudadanos que además observan con escándalo que esos mismos dirigentes políticos, una y otra vez, buscan cómo hacerles sujetos pasivos de las más estrafalarias de las tasas.

"Se progresa con la educación y sólo con la educación" (Galbraith), por ello la educación es un elemento central en el diseño de las políticas económicas, que se concreta cada año en la cantidad que se destina a la inversión en seres humanos. Ahora bien, su tarea es tan esencial que supera lo estrictamente económico, ya que proporciona a los ciudadanos la esperanza de escapar de los niveles inferiores y menos favorecidos para acceder -a través de ella- a los superiores. El decoro social y la estabilidad política han hecho que para conseguir este objetivo se propicie el adecuado apoyo presupuestario a las escuelas públicas, ya que es a ellas a donde acude la gran mayoría de los alumnos. A este apoyo presupuestario no es ajena una fiscalidad progresiva sobre la renta y el patrimonio.

Pues bien, en 1997, por primera vez en 25 años, el gasto público en educación se reduce respecto al ejercicio anterior, las inversiones en centros de secundaria y formación profesional caen drásticamente, paralizándose con ello la puesta en funcionamiento de la ESO, a lo que se añade una destacada reducción de los gastos de funcionamiento de las escuelas públicas. Por todo ello la degración del sistema público de enseñanza comienza. a producirse, y con ella el deslizamiento hacia la escuela privada.

Un buen Gobierno contribuye al progreso y a la igualdad proporcionando certidumbre a la política y estabilidad a la organización institucional. Acercándose a la realidad española se ve que el camino seguido por el PP se dirige en sentido contrario, ya que ha mostrado la intranquilidad como carta de la baraja. Para lograr el apoyo necesario en la investidura ha acordado con sus socios parlamentarios la reforma de los sistemas de financiación autonómica sin plantearse acercar los resultados que cada uno de ellos proporciona a las comunidades donde se aplica. Tampoco ha abordado la igualación de los servicios fundamentales. Su modelo incorpora como gran novedad el reconocimiento de distintas haciendas dentro de España, puesto que favorece el que cada comunidad adquiera la titularidad de un alto porcentaje de la recaudación del IRPF. Un nuevo riesgo para la igualdad se propicia al abrir la posibilidad de que cada identidad territorial se arregle como prefiera para prestar los servicios transferidos. En algunos casos será como pueda, dado que el desarrollo económico de cada una de ellas es muy desigual.

Las políticas a las que he hecho referencia evidencian que el panorama, es inquietante para quienes defienden el avance de la igualdad. De la gravedad del mismo quizá no se adquiera plena conciencia debido a que estamos distraídos, divertidos y hasta enredados observando los múltiples errores que "los del PP" cometen en el aprendizaje y manejo del poder. Dado que esta disfuncionalidad será tan sólo momentánea y pasajera, cabría prestar más atención a lo que viene sucediendo, puesto que serán trascendentales las consecuencias que se deriven de las políticas conservadoras.

Estamos ante un freno, una parada, a la trayectoria de igualdad iniciada en 1983, con la que se comienza a dar marcha atrás a la tendencia que desde esa fecha venía produciéndose. La Voluntad política, de la derecha ya está explicitada. Temerosa de su repercusión electoral, ha renunciado, de momento, a actuar sobre los sistemas de igualdad que actúan sobre pensionistas y desempleados. Por el contrario, aquellos otros sistemas que inciden en los activos, proporcionando otras versiones del futuro, han sido utilizados para hacer retroceder en ellos a la igualdad. Lo hecho indica -y lo confirma lo que pretenden llevar a cabo en las relaciones laborales- que la derecha, está aprovechando la depresión política de la izquierda para iniciar una verdadera regresión social.