Errores administrativos anulan 730 expedientes a bares, según la policía
Las denuncias a bares y locales nocturnos por incumplir el horario de cierre, excederse con el aforo o despachar bebidas alcohólicas a menores acaban en un gran porcentaje en la papelera, según han denunciado las policías locales de toda la región. El año pasado prescribieron 730 expedientes sancionadores a locales nocturnos por errores burocráticos o mala tramitación. El Servicio de Espectáculos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid culpa a los propios agentes de los errores.
La Asociación de Jefes de Policía Local de Madrid (Ajeplo) levantó la liebre al revelar que durante el año 1996 habían prescrito en Protección Ciudadana 730 expedientes sancionadores a locales nocturnos. "La sección de espectáculos, con sólo seis trabajadores, está más saturada que nunca", lamentó un alto cargo de esa asociación. Si ese dato es cierto, significa que la Administración regional habría dejado de ingresar unos 25 millones de pesetas.Desde Ajeplo se responsabiliza de esa situación a la Dirección General de Protección Ciudadana. Pero en el organismo regional les devuelven la pelota: la culpa es de los agentes por no saber tramitar las denuncias.
Pedro Plans, jefe del Servicio de Espectáculos y Actividades Recreativas, rechaza las cifras y atribuye a los propios agentes errores burocráticos de bulto. "El levantamiento de actas no se hace con todo el rigor que se debiera", deplora. "Con frecuencia, los policías no incluyen todos los datos necesarios para actuar contra el infractor. Otras veces denuncian todavía en función del Reglamento de Espectáculos de 1982, que perdió vigor con la llamada ley Corcuera", dice.
"Por último, hay algunos que ni envían actas de inspección, sino meros informes sin ningún valor administrativo", concluye.
Estas imputaciones han caído como una auténtica bomba entre las policías locales, un colectivo con más de 7.000 profesionales en la región. El jefe de Getafe y presidente de Ajeplo, Gabriel López, advirtió ayer: "Las actas se envían a la Comunidad en las juntas de seguridad, a las que asisten un representante de Protección Ciudadana y el secretario general del Ayuntamiento. Con estas acusaciones están tirando balones fuera; si quieren guerra, la tendrán".
