El asesinato de un periodista reaviva el miedo a la violencia política en Argentina

El asesinato el pasado sábado de José Luis Cabezas, de 35 años, padre de tres hijos, reportero gráfico estrella de la revista Noticias, liberó nuevamente los monstruos de la violencia política que la sociedad argentina trata de sepultar una y otra vez en el olvido. El fotógrafo, asignado a cubrir junto con un cronista las vacaciones de verano de políticos, sindicalistas y empresarios en el exclusivo balneario de Pinamar, sito a 380 kilómetros al sur de Buenos Aires, sobre la costa atlántica, fue secuestrado por un comando cuando salía de una fiesta, esposado, conducido en su propio coche al pozo cavado en un descampado y asesinado de un único disparo en la sien.

El coche de Cabezas y su cuerpo fueron rociados con gasolina y el incendio posterior incineró completamente el cadáver y las pistas. De forma "no oficial" la policía admite que "este crimen fue cometido por profesionales". En la jerga policial, sólo hay dos clases de profesionales: ladrones organizados en banda o ex integrantes de algunas fuerzas de seguridad, residuos de la dictadura militar, ex grupos de tareas, ex secuestradores y torturadores durante la guerra sucia contra la guerrilla de izquierda de los militantes por los derechos humanos, grupos todos ellos que están ahora bajo la protección de la policía de la provincia de Buenos Aires y se dedican al narcotráfico, al secuestro y a colaborar en los atentados contra la comunidad judía.El secuestro de Cabezas se produjo en el barrio donde reside el poder durante el verano, a 50 metros de la casa donde pasa sus vacaciones Eduardo Duhalde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires que aspira a suceder a Carlos Menem en la presidencia de la nación. Todo sucedió en poco más de media hora y en una pequeña ciudad costera que debe ser en este mes la más protegida del país.

Tres rostros dibujados

Desde aquel amanecer del sábado, la policía tiene sólo tres rostros dibujados sobre papel basados en los testimonios de los guardias de seguridad de la entrada de la casa del empresario Óscar Andreani, que celebraba su cumpleaños. Esas personas supuestamente "merodeaban" por allí, junto con otras, en dos coches. Las primeras hipótesis del crimen consideran que el grupo criminal lo integraron al menos siete personas, que se desplazaban en dos o tres coches, que eran "expertos" y "precisos". Los motivos personales, pasionales y cualquier otro conflicto de intereses que no se vinculen con la profesión de Cabezas se han descartado en principio.La calma de un verano de calor agobiante, que el Gobierno celebraba como un logro propio porque los turistas colmaron a capacidad hotelera de las ciudades costeras, se incendió con el coche y el cadáver. Los periódicos, los telediarios y las emisoras de radio mantienen la noticia en candelero para que esta vez sí se investigue y se encuentre a los responsables del crimen. Las organizaciones gremiales y profesionales que representan a los periodistas y fotógrafos de prensa han logrado de inmediato la adhesión internacional a su denuncia. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires respondió a la presión ofreciendo una recompensa de 100.000 dólares (unos 13,5 millones de pesetas) para todos aquellos que aporten información útil a la investigación, y Menem instruyó especialmente al ministro del Interior para que la policía federal colabore con la provincial.

La lista de los últimos reportajes gráficos sobre los que había trabajado Cabezas tal vez revele más a la policía que esos dibujos en el papel. En las portadas de la revista se destacaron sus fotos sobre el temible ex general Guillermo, Suárez Mason, uno de los más sanguinarios ejecutores de la guerra sucia declarada por la dictadura militar en 1976; un reportaje sobre la policía de la provincia de Buenos Aires y su vinculación con los atentados a la sede de la Embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Además, Cabezas había obtenido las pocas, fotografías periodísticas que se conocen del empresario Alfredo Yabrán, a quien el ex ministro de Economía Domingo Cavallo denunció en el Parlamento como el responsable de una organización mafiosa vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.