El sindicato CSI-CSIF también habla de "amnistía fiscal encubierta"

El sindicato independiente de funcionarios CSI-CSIF se puso ayer de parte del Gobierno en la polémica fiscal. El responsable en la Agencia Tributaría, Ceferino Trillo, acusó a los "órganos de inspección de no actuar con la celeridad debida, especialmente en la liquidación de actas incoadas".Trillo metió baza en el número de expedientes pendientes de cobro y dijo que, como ya ha trascendido, no son 600 los pendientes de cobro, sino 3.950, por un montante total de 255.000 millones de pesetas y que "no se van a cobrar porque la última sentencia del Tribunal Supremo es clara al respecto".

Según Trillo, CSI-CSIF ya denunció en 1993 ante el Gobierno las presuntas irregularidades en la Oficina Nacional de Inspección (ONI) y en el pasado mes de mayo comunicó a Juan Costa la "posible amnistía fiscal encubierta". Según el sindicato, en ningún momento hubo respuesta de la Agencia Tributaria, por lo que no se aplicaron medidas correctoras.

José Luis Quintero, director de los servicios jurídicos del sindicato en la Agencia Tributaria, afirmó que nadie puede negar que hay 200.000 millones que se vienen arrastrando por problemas en la gestión de expedientes que sólo pasan por 20 personas de las 27.000 funcionarios de la Agencia. El sindicato considera que la responsabilidad es de la Oficina Nacional de Inspección.