La matanza que estremeció la transición

"Recuerdo... un policía joven, con la mirada perdida, sin un zapato, sin gorro y con el abrigo lleno de sangre". Fue hace veinte años y aquél era uno de los agentes que habían trasladado a los tres muertos y seis heridos (dos de ellos morirían al día siguiente), víctimas del brutal atentado contra un despacho de abogados laboralistas de la calle de Atocha, en Madrid. José Luis Rodríguez Leal, un año después del crimen, resumía en esa imagen su noche más triste. Su hermano Ángel era el ordenanza que había abierto a los asesinos. Empleado de Telefónica, despedido recientemente, prestaba sus servicios en el despacho.A José Luis Rodríguez Leal le llamaron por teléfono para decirle que algo grave había ocurrido en el bufete, donde trabajaba su hermano. Entonces no podía imaginar que tres pistoleros de extrema derecha, José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada habían entrado en el bufete y habían reunido a todos los que se encontraban allí en la misma habitación. No ahorraron nada.

Ni siquiera el comentario chulesco que permiten las pistolas: "Todos bien juntitos. Y levantad un poquito las manos. Así, un poquito más". Y dispararon.

Alejandro Ruiz Huarte, el único herido leve, contaría después: "Mis compañeros caían ante mí, muertos, unos sobre otros, con el cuerpo acribillado a balazos". Luego, los asesinos abandonaron tranquilamente el edificio dejando tres muertos -los abogados Luis Javier Benavides y Enrique Valdelvira y Ángel Rodríguez- y seis heridos -Serafín Holgado, Francisco Javier Sauquillo que morirían al día siguiente, Miguel Saravia, Dolores González Ruiz, Luis Ramos y Alejandro Ruiz-Huarte-.

El tiempo es piadoso con los recuerdos y lima asperezas a la historia. Veinte años después, la matanza de Atocha quedará en muchos españoles como la memoria de unos hechos que estremecieron el proceso de transición. Para otros será sólo un recuerdo confuso, revivido en artículos y reportajes. Pero, por encima de todo, hoy la noche del 24 de enero ha quedado en las palabras que, como un aldabonazo, pronunció ayer el hijo de una de las víctimas: "Ni puedo olvidar ni voy a perdonar". Iván Valdevira tenía esa noche once meses y cree que "nunca se ha acabado de hacer justicia".

Aquel mes de enero de 1977 fue frío y sangriento. Franco había muerto. Pero en las entrañas del Estado seguían agazapados sus más negros cachorros. José María de Oriol seguía secuestrado en manos de los GRAPO y el mismo día 24 el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, se desayunaba con el secuestro del teniente general Villaescusa. En la represión de las manifestaciones, pidiendo la amnistía y la implantación de la democracia, Guerrilleros de Cristo Rey y grupúsculos de ultraderecha actuaban con completa impunidad. En una de las protestas, el 23 de enero, caía herido de muerte el joven estudiante Arturo Ruiz a consecuencia de los disparos efectuados por uno de los pistoleros ultraderechistas.

El horror tendría su continuación al día siguiente, 24 de enero: Un bote de humo segaba la vida de otra estudiante, Mari Luz Nájera, cuando participaba en una protesta por la muerte de Arturo Ruiz. Horas más tarde, tres pistoleros desataban el terror en Madrid.

¿Fue la excusa la huelga de transportes? Nadie niega que hubo relación entre ambas cosas, pero la verdadera razón estaba escondida en la resistencia de la extrema derecha al cambio político. El 17 de enero el pleno de los enlaces sindicales del transporte había convocado una huelga contra la congelación salarial. El sindicalismo vertical se estaba descomponiendo lentamente, empujado por dirigentes de las centrales obreras que habían ido tomando las bases del sindicato oficial.

Joaquín Navarro, de CC OO, lideraba la huelga. Y aquella misma noche el sindicalista había acudido al despacho de la calle de Atocha. Junto con otros abogados había bajado a tomar algo a un bar cercano. "Bajé andando. Nacho [Ignacio Montejo] y los otros se habían ido en el ascensor", contaría después. "A mí nunca me han gustado esos aparatos... cuando yo bajaba, oí subir el ascensor. Creo que eran ellos". Ellos. Tres hombres armados que preguntaron por él y sembraron de muerte el despacho.

Al día siguiente, de forma espontánea, más de 150.000 trabajadores del cinturón industrial de Madrid iniciaron actos de protesta. Algunos teatros suspendieron sus representaciones y se registraron paros en clínicas y hospitales.

El entierro del ordenanza y los abogados se convirtió en una gigantesca y silenciosa manifestación de dolor. Decenas de miles de personas desfilaron durante todo el día ante la capilla ardiente instalada en el colegio de Abogados de Madrid. Cuenta un cronista anónimo: "A las cuatro y media de la tarde se inició el cortejo en medio de un impresionante silencio, sólo roto por el ruido de unos helicópteros que sobrevolaban la zona".

Lo demás es historia. Como el sarcasmo de Mariano Sánchez Covisa, dirigente de los Guerrilleros de Cristo Rey, que denunció a CC OO por no haber dado de alta en la Seguriad Social al ordenanza asesinado. Historia, en algunos puntos, confusa todavía: la implicación de la vieja guardia de los sindicatos verticales o de viejos residuos del franquismo más añejo o la auténtica identidad de los inspiradores del crimen. Circularon entonces rumores en algunos casos absurdos, en otros, interesados. Se llegó a culpar a los GRAPO de forma más o menos velada. Los mismos GRAPO que dos días después, el 28 de enero, asesinaban a dos policías armados y a un guardia civil y dejaban gravemente heridos a otros tres guardias civiles. Un panfleto de la época para justificar que el grupo terrorista nada tenía que ver con la matanza de Atocha resaltaba que no había empleado metralletas: "en los atentados se emplearon pistolas normales, pues una metralleta ocasionaría víctimas entre el pueblo en un local cerrado". Y se acusaba al Gobierno y a "una parte de la prensa" de intentar involucrar a los GRAPO en el atentado al despacho laboralista.

Pero, ¿quiénes eran los culpables? Con otras preguntas, la publicación Unidad Obrera, de CC OO, los señalaba hace veinte años: "¿Cuántos muertos ahorrados si el Gobierno hubiese dado la amnistía total? ¿Cuántos compañeros no hubiesen caído si las manifestaciones fuesen legales? ¿Cuánto hubiéramos ahorrado en vidas humanas si en España estuvieramos ya en democracia".

La democracia tardó en llegar. Todavía meses después el Gobierno de Adolfo Suárez prohibía a Cristina Almeida y Nicolás Sartorius una rueda de prensa para hablar de los asesinatos de Atocha. Un policía presente en la sala impidió que los dos abogados entregaran siquiera un comunicado. Fue hace veinte años.