Fracaso autonómico

GOBIERNO Y oposición han sido incapaces de hilvanar un pacto autonómico que vertebre el Estado de las autonomías, casi diez meses después de que Aznar llegase a La Moncloa. Mariano Rajoy, ministro de Administraciones Públicas, y el secretario de Relaciones Políticas del PSOE, Txiki Benegas, lo tenían casi todo en contra, comenzando por la intensa crispación política del momento. Pero la escena del sofá que representaron ambos negociadores dejaba traslucir una desgana inquietante; los dos sabían que el acuerdo era difícil y posiblemente decidieron desgastarse en mejor ocasión.Sin embargo, éste es el momento más oportuno para el pacto. Si se retrasa demasiado, existe un riesgo muy elevado de que las comunidades autónomas caminen por una senda confusa de reivindicaciones y pactos bilaterales, poco favorable para los acuerdos globales o de Estado; o bien de que se entre en un ciclo político nuevo. En este juego de reticencias, la encuesta del CIS, que hoy publica EL PAÍS, sobre Conciencia nacional y regional constituye un duro alegato sobre la capacidad de los políticos para transmitir a la sociedad la profundidad de los problemas de solidaridad interregional.

La encuesta revela que un gran número de ciudadanos -el 62%- no ha oído hablar del nuevo modelo de financiación autonómica del PP; y de los que están informados, casi el 38% considera que es más injusto que el anterior. El PP parece tener además un serio problema de comunicación con sus propios votantes. Que una significativa mayoría de ciudadanos "que recuerdan haber votado" al Partido Popular esté en contra de conceder capacidad normativa a las comunidades autónomas sobre el IRPF cedido y opinen que Cataluña es la gran beneficiada del nuevo modelo no constituye precisamente un éxito de explicación y con vencimiento por parte de Aznar.

El pacto autonómico sería hoy un instrumento urgente para la contención del gasto público en las comunidades autónomas, lo que a su vez es un ejercicio imprescindible para cumplir los objetivos del Tratado de Maastricht. Téngase en cuenta que la ausencia de información económica sobre las comunidades autónomas, que ha perjudicado incluso la elaboración de las estadísticas durante los últimos añs, está en la base de la desconfianza de muchos agentes económicos sobre la convergencia y también del escepticismo político que tiende a negar a los gobiernos autónomos la corresponsabilidad fiscal.

Las razones que ha esgrimido el PSOE para justificar el desacuerdo con el Gobierno no parecen muy firmes; en todo caso, resultan meramente coyunturales. Es verdad que la oferta de pacto del Gobierno excluía cuidadosamente el sistema de financiación autonómica; esta excepción parece injustificada y las autonomías en la que mandan los socialistas no han dudado en condicionar el acuerdo sobre control de la deuda a otro previo sobre la financiación. La lógica de tal relación es inapelable. Pero los socialistas deben recordar que en enero de 1992, cuando estaban en el Gobierno, ellos mismos propusieron y el PP aceptó un pacto autonómico que no incluía el sistema de financiación, encaminado a coordinar el desarrollo estatutario. Este objetivo era similar al planteado en esta ocasión, en cuanto que Rajoy pretendía pactar un nuevo marco para las llamadas autonomías de vía lenta, con propuestas tan relevantes como la de limitar el número de cargos ejecutivos en los gobiernos autónomos.

El fracaso de las conversaciones PP-PSOE relativiza las declaraciones de Felipe González en las que acepta la cesión del 30% del IRPF. González acierta al minimizar la importancia del porcentaje cedido -el 15% o el 30% resultan cifras aleatorias, que no están en relación con necesidades reales de las autonomías- y centra el obstáculo principal en la eliminación de los topes y la capacidad normativa sobre la parte cedida del impuesto, porque en realidad ésos son los factores que pueden desequilibrar la proyección de ingresos entre los distintos territorios.

La pretensión de mantener un proceso igualitario en los ingresos de los distintos territorios debe tener un cierto equilibrio con la corresponsabilidad fiscal, que sigue siendo un factor decisivo para que cada gobierno autónomo se responsabilice de la gestión.