Una polémica con los tribunales de fondo

La tempestad , lejos de amainar, arrecia. La insistencia del Gobierno en la denuncia tuvo su réplica en los argumentos socialistas, que una vez más reclamaron, con dureza, la publicación de la lista de expedientados y amenazaron con los tribunales. De esta opción, no obstante, se desmarcó el portavoz socialista en el Congreso, Joaquín Almunia, que no se mostró partidario de "judicializar la vida política".También terciaron en la polémica los inspectores y asesores fiscales. El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Eduardo Luque, salió al paso de la reclamación socialista para que se publique la lista de expedientados y afirmó que esos nombres no se pueden desvelar. La misma tesis sostuvo el ex ministro de Hacienda con UCD, Jaime García Añoveros.

Por su parte, el foro de debate Hacienda y Sociedad, en el que participan inspectores financieros y tributarios abogó, en una nota dirigida al Gobierno, porque se denuncie el caso y a sus responsables ante los tribunales.

Las declaraciones de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, sólo contribuyeron a aumentar la confusión al introducir en la polémica fiscal una fina distinción entre términos jurídicos.

Según dijo Margarita Mariscal, basta una sola sentencia del Supremo para sentar jurisprudencia. Pero no es suficiente para constituir "doctrina consolidada", para lo que se precisan dos. La docta aclaración no aporta nada al esclarecimiento de los hechos que gira sobre el mismo punto: si han prescrito o no los 600 expedientes.

Barea, por el estudio

En un tono inusualmente prudente, el director de la Oficina Presupuestaria, José Barea, entró también en la polémica y se inclinó por la tesis de que es necesario estudiar lo ocurrido. No obstante, no perdió la ocasión de zaherir al Gobierno anterior y aseguró que sus políticas económicas se hicieron sin disciplina.Desde las filas socialistas, un día más, se mencionaron los tribunales. Esta opción fue defendida por el ex ministro Juan Alberto Belloch, para quien el Gobierno, si no rectifica, debe acudir a los tribunales para pedir responsabilidades.

Los tribunales también fueron mencionados por el secretario de Organización del PSOE, Cipriá Ciscar, quien dijo que si el PP "se escuda" en el secreto para no dar a conocer nombres, su partido iniciará acciones legales para parar "la irresponsabilidad del Gobierno". El responsable de Finanzas del PSOE, Francisco Fernández Marugán, resumió lo que, bajo su punto de vista, está haciendo el Gobierno: "politizar la Hacienda Pública".