Politizar la Hacienda

LA EXPRESIÓN meterse en un jardín describe las dificultades de quien asume voluntariamente problemas o situaciones que no sabe o no puede resolver. En un jardín se metió el presidente del Gobierno cuando acusó al Ejecutivo anterior de "conceder una anmistía fiscal encubierta" por la supuesta falta de diligencia con que se han tramitado expedientes fiscales por valor de 200.000 millones de pesetas. Aznar, ante las cámaras y los micrófonos de TVE y Radio Nacional, convertía en política la información facilitada previamente por el secretario de Estado de Hacienda, con esta afirmación estruendosa: "Se han dejado de recaudar, para favorecer a algunas personas, 200.000 millones de pesetas, y al final acaban pagando el pato, curiosamente, personas como los funcionarios, a los cuales, si esto se hubiera ingresado en las arcas públicas, se les podría haber subido el sueldo en l997".La gravísima imputación de Aznar está basada -aunque todavía no justificada con datos concretos en la modificación jurídica de las condiciones que regulan los plazos de inspección fiscal. Los responsables actuales de la Hacienda pública advierten que, en un plazo relativamente breve, el Supremo emitirá una segunda sentencia -capaz, por tanto, de crear jurisprudencia que puede modificar los plazos de cómputo de las inspecciones fiscales. En la interpretación tradicional de Hacienda, la interrupción durante seis meses del procedimiento de investigación invalidaba tal procedimiento; pero las actuaciones del jefe de la oficina técnica, encargado final de dictaminar el destino del acta fiscal, no se consideraban afectadas por este plazo. La segunda sentencia del Tribunal Supremo puede ratificar el contenido de la primera, de 1996, según la cual el periodo de seis meses debe aplicarse también a la tramitación de dicha oficina; en tal caso podrían anularse las actas afectadas por aplazamientos que ahora son normales.

Ésta es la modificación jurídico-tributaria- que Aznar y su vicepresidente económico, Rodrigo Rato, han convertido en sospechas de amiguismo y corrupción, insinuando retrasos selectivos para que un grupo de amiguetes de los socialistas se viese libre de los rigores de la inspección fiscal, según la interpretación a la que se han sumado desprejuiciadamente varios políticos menores del PP y el periódico que se ha erigido en portavoz oficioso de Aznar. En el plazo más breve posible, el presidente o el vicepresidente deben explicar este asunto con detalle ante el Parlamento. Si hubo negligencia, alguien debe pagar por ello; si hubo amiguismo, estaríamos ante un delito de prevaricación, que debe sustanciarse ante los tribunales. Pero si resultara ser una tormenta política interesada y demagógica, Aznar tendrá que dar cuenta de ello. No es éste un país que destaque por la robustez de su conciencia fiscal, y no se puede jugar frívolamente con un asunto que al final perjudicará más que a nadie a la Hacienda pública.

Mientras llegan esas aclaraciones hay que decir al menos que toda esta tormenta ha nacido de un planteamiento, cuando menos, ventajista y demagógico. La acusación de amiguismo resulta al final inverificable por cuanto las declaraciones de Hacienda están protegidas por el secreto mientras no se sustancien ante los tribuna les. Ninguno de los actores del drama puede alegar ignorancia, y Aznar menos que nadie, dada su condición de inspector tributario en excedencia. A los acusadores les basta acogerse al mencionado secreto de los datos fiscales para eludir la obligación de probar las imputaciones. Y es demagógico mezclar la congelación salarial de los funcionarios con un caso de hipotética negligencia y supuesto amiguismo sin prueba alguna.

Pero el perjuicio más ostensible es la politización de la Hacienda y el daño que causa en los ingresos públicos la difusión de una sentencia todavía inexistente. Con sus acusaciones, alarmas e indignaciones, Aznar, Rato y Costa dan por hecho que se perderán irremediablemente esos 200.000 millones, se rinden de antemano en la batalla jurídica o administrativa para minimizar en cada caso el coste. de las actas prescritas y ponen sobre aviso a todos los litigantes contra Hacienda. Y todo ello por una sentencia que todavía no se ha dictado. No se sabe qué admirar más en este raro e ingenioso comportamiento político del equipo económico, si la clara y retumbante voz con que anuncian su rendición o la precisión con que están organizando su propia derrota.