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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Extremadura recuerda al Constitucional en su recurso que España "es un Estado único"

Anabel Díez

Los autores del recurso presentado por Extremadura contra el nuevo modelo de financiación autonómica piden al Tribunal Constitucional que a la hora de resolver "no pierdan de vista" que España "es un Estado único", con un altísimo grado de descentralización política, pero "un solo y único Estado". Se solicita al alto tribunal que pida al Gobierno los datos de los efectos económicos que tendrá sobre cada comunidad el nuevo sistema de financiación. Afirman que la ruptura "de la unidad fiscal" es una agresión al Estado social".

La Junta de Extremadura, cuya presidencia mantiene el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, encargó a Joaquín García Murillo, catedrático de Derecho Constitucional; a Pablo Pérez Tremps, titular de la misma disciplina, y a Juan Zornoza Pérez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, la elaboración del recurso que presentó un representante de la Junta de Extremadura el pasado viernes ante el Tribunal Constitucional. A lo largo de 112 páginas y varios anexos, los autores han desgranado tantos cuantos argumentos han sido capaces de encontrar para intentar la demostración de que tres leyes del Gobierno vulneran gravemente normas básicas de la Constitución.Encuentran inconstitucional la ruptura del sistema fiscal al ser "un rasgo distintivo del Estado; se conculca el principio de solidaridad; se viola el principio de igualdad y se desconoce la prohibición de extraterritorialidad de los impuestos". Los catedráticos hacen largas reflexiones sobre la concepción de España, según la Constitución aprobada en 1978.

Después de pedir a los magistrados que tendrán que resolver que tengan en cuenta que España "es un Estado único", recogen sentencias del propio tribunal para avalar sus posiciones. "En ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad", decía el Alto Tribunal en la sentencia 4/81. "El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que lleva como corolario la solidaridad entre todas ellas, se da sobre la base de la unidad nacional", dictaminaba el tribunal en sentencia 25/81.

Los recurrentes presentan en un mismo bloque los tres recursos a determinados artículos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); de los Presupuestos Generales del Estado y de la Ley de Cesión de Tributos del Estado a las comunidades autónomas, que configuran el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado con el acuerdo del Gobierno y de los nacionalistas. Además de extenderse sobre los porqués de la violación, desde su punto de vista, de los principios de igualdad y solidaridad, se extienden en la vulneración del principio de territorialidad fiscal al permitir que las comunidades autónomas adopten medidas fiscales sobre bienes situados fuera de su territorio.

Los recurrentes critican la manera en la que el pasado mes de diciembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó este nuevo modelo sin que hasta la fecha se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según se quejan los autores. Piden los recurrentes al tribunal que soliciten al Gobierno los datos para que conozcan los "efectos concretos" que este nuevo modelo causará sobre cada una de las comunidades autónomas y también las consecuencias "sobre los ingresos del Estado y los instrumentos compensatorios que éste mantiene".

Los recurrentes afirman que no se ha hecho "ninguna valoración técnica de los efectos económicos" del nuevo sistema y que tampoco los gobernantes se han tomado demasiado en serio cómo abordar la compensación de las comunidades que salgan desfavorecidas. "Se difiere a un grupo de trabajo la tarea de efectuar durante 1997 una propuesta para su instrumentación financiera". Concluyen: "Se presta escasa atención al servicio del principio de solidaridad".

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El Grupo Parlamentario Socialista ha unido a sus reflexiones técnicas los argumentos del recurso extremeño para decidir si también impugna el nuevo modelo de financiación.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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