El Gobierno quiere frenar el aumento de la deuda autonómica

El Gobierno trata de frenar el crecimiento de la deuda de las comunidades autónomas -que ha superado los 4 billones de pesetas en 1996 cuando en 1993 era de 2,8 billones- con mayor control. Hoy, en el encuentro preparatorio del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo martes, una representación de los ministerios de Administraciones Públicas y Hacienda planteará a los consejeros de las comunidades un mayor control de sus emisiones de deuda para ajustarse a los planes de austeridad marcados por el Tratado de Maastricht. La comunidad más endeudada hasta 1995 era Cataluña.

El Gobierno, en la carta de convocatoria que ha enviado a las 17 comunidades autónomas, les advierte que "la integración de España en la Unión Monetaria Europea [UME] exige un esfuerzo común de todas las administraciones públicas para conseguir una reducción de su déficit y de su deuda". Este esfuerzo se concretaría en la renovación del pacto interno de estabilidad con las comunidades para el cuatrienio 1998-2001.El Ejecutivo se muestra satisfecho de la evolución del déficit de las comunidades autónomas desde que, en 1992, pactaron una paulatina reducción con el entonces Gobierno socialista de Felipe González, una vez que España se comprometió a alcanzar los objetivos del Tratado de Maastricht para entrar en la UME.

No sucede lo mismo con la evolución de la deuda pública, que ha crecido de manera notable desde 1993. Según datos facilitados por el Ministerio de Economía y Hacienda, la deuda era en 1993 de 2,8 billones; en 1994 ascendió a 3,3 billones; en 1995, a 3,7 billones y en 1996 superó los 4 billones.

Cataluña, a la cabeza

En cuanto al comportamiento por comunidades autónomas, las llamadas de vía rápida o reguladas por el artículo 151 de la Constitución y asimiladas- Cataluña, Andalucía, País Vasco, Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias- están más endeudadas que las 10 restantes, de vía lenta. En diciembre de 1995, Cataluña, con 965.000 millones de pesetas, figuraba a la cabeza de las comunidades endeudadas, seguida de Andalucía, con 683.000 millones.El Gobierno, en la carta enviada a las comunidades, se muestra parco sobre las medidas a adoptar para mantener la reducción del déficit y atajar el crecimiento de la deuda. La posición del Ejecutivo es que las medidas a adoptar deben decidirse conjuntamente. Sólo se muestra concreto en la petición de mayor información a las comunidades.

La carta señala: "En virtud de la obligatoriedad de suministrar información sobre la actuación económica y presupuestaria de las administraciones públicas a la Comisión Europea, las comunidades autónomas vienen proporcionando información semestral. La situación actual hace necesaria tanto la ampliación de esta información como la solicitud de información mensual y trimestral que permita evaluar la andadura presupuestaria a lo largo de l997". Las comunidades tendrán que presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera datos mensuales sobre el déficit y la deuda, y publicarán trimestralmente sus cuentas.

No obstante, el Gobierno recuerda, en la carta a las comunidades, que el Consejo Europeo (máximo órgano decisorio de la UE) establecerá sanciones, si se vulneran los acuerdos sobre déficit y deuda. "Las sanciones tienen lugar cuando el Estado miembro en cuestión no toma las medidas necesarias para rectificar su déficit excesivo, de acuerdo con una advertencia del Consejo Ecofin [reunión de ministros de Economía y Finanzas]", se indica en el mensaje.

Aunque el Gobierno no anticipa en su carta los procedimientos sancionadores a las comunidades autónomas infractoras, a la espera de pactarlo conjuntamente, las fuentes consultadas opinan que consistiría en la paralización de las fondos europeos a las comunidades infractoras.

El Gobierno y las comunidades darán, asimismo, el visto bueno al documento definitivo sobre el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas que estos días están firmando con el Ejecutivo, bilateralmente, todas las autonomías, excepto las tres gobernadas por el PSOE: Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha.