Estabilidad es la clave

LA REFORMA del mercado de trabajo es el cambio más invocado por los economistas y expertos cuando se discute sobre la integración española en la unión económica y monetaria (UEM) y se dibuja el futuro de la economía española en la Europa comunitaria. Pocas cuestiones económicas suscitan tanta unanimidad, incluida la convicción de que esta reforma debe ejecutarse antes de 1999. Los expertos agrupados en esta coincidencia de opiniones arguyen que, en el momento en que el tipo de cambio sea único e inamovible, los ajustes económicos se traducirán principalmente en términos de empleo, y perderá más puestos de trabajo aquel país cuyo mercado sea más rígido. En estos términos debe entenderse la nueva apelación a la flexibilización laboral recientemente enunciada por el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, y los esfuerzos de los sindicatos y la patronal CEOE para clarificar los tipos de despido, para evitar los costes legales excesivos, en el marco de las negociaciones que mantienen los agentes sociales con el objetivo de redactar las líneas básicas de la reforma.Un esquema razonable de reforma laboral debe proyectarse con dos criterios fundamentales. El primero es de orden político los cambios legales que se introduzcan deben ser pactados por los empresarios y los sindicatos. Es más valiosa una reforma modesta estable y respetada por los agentes sociales que otra de mayor profundidad cuya aplicación sea controvertida o simplemente ignorada.

El segundo criterio capital de la nueva regulación laboral debe ser un equilibrio exquisito entre la flexibilidad de los contratos y la recuperación de la estabilidad del empleo. Esta última ha sido erosionada, sin ventajas permanentes, por un sinfín de variedades de contratos que procuran pocos beneficios a los empresarios y menos todavía a los trabajadores. Desde el punto de vista de las empresas, la excesiva temporalidad es un factor de deterioro de sus activos, que también cotizan en términos de seguridad, y de apuesta por él futuro por la acumulación de experiencia y conocimiento de sus empleados. El telón de fondo de las conversaciones que mantienen los empresarios y los sindicatos recoge un sentir común sobre la pertinencia de reducir drásticamente la tipología de los contratos, úoda que evitaría además la confusión, los vericuetos administrativos e incluso los judiciales -cuando se han de determinar las causas de despido, por ejemplo-, ligados a tanta profusión contractual.

Desde una perspectiva macroeconómica, la extensión de la temporalidad como el valor básico del trabajo durante los últimos años se ha traducido casi inmediatamente en un aumento de la incertidumbre y, como efecto derivado, en la adopción de prácticas de consumo más conservadoras. Para muchos economistas, esta inquietud derivada de la precariedad en el empleo estaría en la raíz de la resistencia del consumo a crecer a tasas superiores al 2,5%, que es una de las razones que explican la debilidad persistente del crecimiento de la economía. El diseño de contratos de trabajo más flexibles implica necesariamente una disminución del coste en días, de la indemnización (la media europea estaría en algo más de 20 días por año) por despido. Pero en este punto es tan relevante, si no más, procurar que se abaraten los costes de tramitación, en tiempo y dificultades burocráticas. Las barreras legales, construidas sobre tramitaciones judiciales lentas y farragosas, son un motivo importante de rigidez que impide a veces la gestión rápida de la disminución de plantillas y, por tanto, la respuesta de reducción de costes que exige el mercado.

Conviene, no obstante, no magnificar las expectativas. Que la reforma laboral, deba hacerse, y mejor sobre los criterios, expuestos, no significa que tenga efectos milagrosos sobre el empleo, como se defiende equívocamente desde las tesis, económicas más neoliberales. La creación de empleo depende fundamentalmente de las expectativas de la demanda potencial que calculen los empresarios; el resto de las consideraciones es marginal: Por otra parte, no todos los, parados lo son por las mismas causas, ni requieren los mismos remedios. Por ejemplo, una gran parte de los, parados en España, en tomo a 1,8 millones de personas, lo son de larga duración y difícilmente podrán ser absorbidos por el mercado de trabajo sin un periodo previo de formación intensiva.

El aserto de que la economía española lo pasará muy mal dentro de la moneda única si no reforma su sistema de contratación goza hoy de una amplia aceptación social. Aunque la reforma laboral no cree empleo por sí misma, evitará, la tragedia de la destrucción masiva de puestos de trabajo en los choques con economías más competitivas. Los agentes sociales deben alentar la reforma y evitar que se aplace o malogre por malentendidos. El Gobierno tiene, además, la responsabilidad de no estropear los resultados con intromisiones o urgencias fuera de lugar. La economía española se juega, como mínimo, una integración sin traumas en la unión monetaria.