Guatemala aprueba la amnistía contestada desde sectores humanitarios

El Congreso de Guatemala aprobó el miércoles por aplastante mayoría la "amnistía limitada" acordada por el Gobierno y la guerrilla como parte del proceso de paz que culminará el próximo día 29. Las sesiones se celebraron puerta cerrada para evitar la irrupción de las organizaciones de derechos humanos que protestaban contra una ley que, dicen, sellará la impunidad de incontables crímenes. Los familiares de los desaparecidos ya han anunciado que interpondrán un recurso deinconstitucionalidad.

El eco de tres décadas de guerra, civil resuena ahora a dos voces: la que exige justicia y la que aboga por el perdón para acabar de una vez con la pesadilla. La amnistía forma parte de la Ley de Reconciliación Nacional, que garantiza la reinserción a la vida civil de los guerrilleros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y exime, tanto a los rebeldes como a los miembros de las Fuerzas Armadas, de resonsabilidad por delitos vinculados, al enfrentamiento armado".

A pesar del carácter restrictivo el perdón (que excluye el genocidio, la tortura y la desaparición forzada), las organizaciones humanitarias consideran que los máximos beneficiarios serán los militares implicados en graves violaciones a los derechos humanos. La base de la nueva ley es el, pacto firmado en Madrid el pasado día 12 entre el Gobierno y la URNG, que corona una serie de 11 acuerdos suscritos desde enero de 1994 y que abre paso a la firma definitiva de la paz, dentro de nueve días. El año 1997 dejará atrás, si no hay imprevistos, una guerra civil de 36 años, 100.000 muertos y 4 0.000 desaparecidos.

El presidente de Guatemala, el conservardor Álvaro Arzú, impulsor definitivo de las negociaciones desde su llegada al poder en enero de este año, deseaba que, por su carga simbólica, la ley de Reconciliación Nacional fuera aprobada por unanimidad. No pudo ser. La iniciativa contó con 64 votos a favor (del gubernamental Partido de Acción Nacional y del derechista Frente Republicano Guatemalteco, fundado por el ex dictador militar Efraín Ríos Montt) y ocho en contra: los seis del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala y los dos de la Unión del Centro Nacional, cuyo dirigente Jorge Carpio engrosa la lista de las víctimas de asesinatos políticos.

Un país dividido

El Congreso no ha hecho sino reflejar la división que pesa sobre la sociedad guatemalteca. "Mi padre fue asesinado y al día de hoy no se sabe quién es el responsable", aseguraba un diputado que votó a favor de la ley. "Pero si el pueblo de Guatemala quiere reconciliarse, tenemos que aprender a perdonar". "La ley es una amnistía oficial que se olvidó de la sociedad civil, que fue quien aportó el mayor número de víctimas de esta guerra no declarada", contraponía Nineth Montenegro, diputada del FDNG y esposa de un desaparecido, dando un tirón de orejas a la dirigencia guerrillera. "El perdón debió haber salido de los; ofendidos". Por lo pronto, la Alianza contra la Impunidad, que engloba a diversas asociaciones de víctimas de la represión, entre ellas la de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, ya ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad.