El presidente Fujimori, forzado a elegir entre el desafío militar o el baño de sangre

El golpe más audaz del terrorismo en Perú ha puesto al presidente Alberto Fujimori en el problema coyuntural más dramático de sus seis años de gobierno: traicionar a sus militares o traicionar a Japón. Los primeros se niegan a la más mínima negociación con los terroristas, mientras que Japón, principal socio de Perú y en cuyo suelo se desarrolla la crisis, exige un diálogo que impida el baño de sangre.Dos tesis parecían abrirse camino anoche: una, que los terroristas del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, una diezmada guerrilla de origen pro castrista, no dejarán salir "un solo rehén más" después de los casi dos centenares de mujeres y ancianos que fueron liberados ayer. La otra tesis es que no habrá un rescate a sangre y fuego de los rehenes.

Ambas premisas son fundamentales, pues el primer proyecto del Gobierno peruano era obtener, sin mayor negociación, la salida de un número elevado de rehenes reduciendo. la cantidad de cautivos a una cifra tal que el costo de una incursión violenta pudiera ser menor. Pero el Gobierno japonés, al que, como es público, Alberto Fujimori hace más caso que a ningún otro, envió mensajes claros sobre que lo prioritario en el manejo de la crisis es la protección de la vida de los rehenes.

Esto plantea al Gobierno peruano un trago amarguísimo tras los espectaculares avances en su lucha contra el terrorismo, avances que han llevado al acorralamiento de Sendero Luminoso y al borde de la extinción al MRTA. Precisamente esa energía implacable contra el terrorismo le originó problemas de imagen en la comunidad internacional, aunque la política de mano dura, que incluye juicios ajenos a los estándares internacionales, es respaldada por la mayoría de peruanos. De ahí, lo difícil que resulta ahora pedir a esta opinión pública -y mucho más a los militares- que apruebe una negociación con el terrorismo. Además, los secuestradores piden casi lo imposible. Se estima que existen actualmente unos 400 presos del MRTA, entre ellos, Víctor Polay, jefe del movimiento. La dirección de la organización se encuentra en la cárcel de Yanamayo, en Puno, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y sometidos a condiciones extremas de aislamiento. Lo que pide el MRTA es la libertad masiva de sus dirigentes, y que tanto secuestradores como rehenes sean transportados a la selva peruana, a una región en la que los guerrilleros del Tupac Amaru tendrían garantizada su seguridad.

A la hora de decidir, es previsible que una voz determinante será la del propio Gobierno japonés, en cuyo suelo se desarrollan los hechos. Japón, según fuentes de ese país, no desea muertos en su Embajada. Pero se supone que esto caería mal en la cúpula militar que ha acompañado a Fujimori durante todo su Gobierno y que son los padres de la política de la mano dura.