Los padres de alumnos de centros católicos piden que la educación quede al margen de los vaivenes políticos

Representantes de las 3.000 asociaciones que integran la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), en la que se integra la mayoría de los centros privados del país, se dieron cita ayer en el Palacio de Congresos de Madrid para debatir sobre la calidad de la enseñanza, reivindicar la libre elección de centro y pedir al Ministerio de Educación, a los partidos políticos, sindicatos y a toda la comunidad educativa la firma de un acuerdo nacional que aporte estabilidad al sistema educativo y lo deje al margen de los vaivenes políticos y los enfrentamientos partidistas.Ante unos 2.000 asistentes entre los que se encontraban miembros de asociaciones de padres europeas, profesores de centros privados y estudiantes del sindicato Confederación Autónoma Nacional de Asociaciones de Estudiantes (CANAE)- el presidente de la Concapa, Agustín Dosil, minimizó el conflicto entre los defensores de la enseñanza pública y la privada: "Los centros privados y concertados también prestan servicio público. El error es definir un modelo de enseñanza en función de quién tiene la titularidad de un centro".

Dosil desmintió que el Ministerio de Educación y Cultura haya destinado a los centros privados concertados más dinero que a sus homólogos de la red pública o que el encuentro de ayer fuera orquestado por el departamento que dirige Esperanza Aguirre para sofocar el eco de las protestas de las plataformas públicas.

"Hemos recibido el mismo dinero que el pasado año, porque tenemos el mismo número de alumnos. A la red estatal le llega menos porque ha disminuido su alumnado. Además, la subvención es a las familias, no a los centros", dijo Dosil.

Según el presidente de la Concapa, éste es "un viejo conflicto, estéril y superado, que alguien intenta reabrir para no tener que abordar los verdaderos problemas". "Cómo vamos a ser un muro de contención social si pedimos que se invierta un 6% del PIB en educación, que los presupuestos comprendan partidas anuales para este área, y que se apruebe una norma legal que garantice la financiación educativa", añadió.