Padres, profesores y estudiantes acuerdan una movilización en favor de la enseñanza pública

Varios centenares de representantes de padres de alumnos, profesores y estudiantes de los centros de enseñanza pública del país, agrupados en más de 40 plataformas, han decidido convocar una marcha conjunta a Madrid para después de Navidad en protesta por los recortes en Educación, así como una jornada de paro en los centros. Todos ellos se manifestaron ayer en la capital, junto a varios miles de personas (10.000, según los organizadores; 3.500, según la policía), para reivindicar una mayor inversión educativa. El secretario general de Educación, Eugenio Nasarre, apeló "a la responsabilidad de las partidos para que no se produzca una instrumentalización política de la educación".

La iniciativa en defensa de la enseñanza pública coincidió en Madrid con otro foro de signo opuesto: el encuentro de los padres de alumnos de centros privados católicos (Concapa), que pidieron "un acuerdo nacional de educación".Los representantes de los padres de alumnos de la enseñanza pública, agrupados en la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), convocaron una concentración frente al Ministerio de Educación y Cultura a la que se unieron cientos de profesores y estudiantes. Con esta iniciativa mostraron su apoyo a las propuestas debatidas durante tod o el día por los representantes de los diversos sectores de la enseñanza pública agrupados en plataformas formadas por la CEAPA, los sindicatos CC OO, FETEUGT, STES, el Sindicato de Estudiantes y los Movimientos de Renovación Pedagógica.

Además de convocar una movilización y una jornada de paro general, los representantes aprobaron un manifiesto de apoyo a la enseñanza pública, para el que van a pedir el apoyo a personalidades del mundo de la cultura, las artes y las ciencias, y anunciaron la organización de un congreso nacional.

Eugenio Nasarre señaló que la contraposición "entre escuela pública y privada no tiene justificación en el marco constitucional" e insistió en que es "radicalmente falso que se hayan tomados medidas en contra de la enseñanza pública, que tiene un papel esencial en el sistema educativo y en las mejores condiciones de calidad". El secretario general manifestó su voluntad de "iniciar un diálogo conjunto con las asociaciones de padres de la pública y de la privada".

En el manifiesto aprobado por todas los representantes de la enseñanza pública se denuncia que el ministerio encabezado por Esperanza Aguirre está cometiendo un "grave atentado a la calidad de la enseñanza", que acentúa "la política de progresiva privatización del servicio público de educación".

Las medidas que, según señalan en el escrito, han propiciado esta situación son: "el aumento de la ratio profesor/ alumno, las restricciones de optativas en la enseñanza secundaría, la reducción del cupo de docentes en los centros, la falta de cobertura de sustituciones de profesores, el deterioro de la formación del profesorado y la disminución de los gastos destinados al funcionamiento de los centros".