El primer ministro italiano niega haber realizado tráfico de influencias

Romano Prodi salió ayer directamente al paso de que haya podido intervenir en algún tipo de tráfico de influencias, y difundió pruebas que desmienten datos manejados por la fiscal Giuseppa Geremia en la petición de procesamiento del primer ministro italiano. Esta petición ha avivado las críticas a la situación de la justicia en mayor medida que las especulaciones sobre el futuro del Gobierno. No obstante, Massimo d'Alema, líder del mayor partido que sostiene al Gabinete, advierte frente a posibles maniobras que si cae Prodi se celebrarán elecciones.

La afirmación de D'Alema trata de desmentir las especulaciones de que el líder del Partido Democrático de la Izquierda (PDS) estaría dispuesto a formar un Gobierno de emergencia con el apoyo de Forza Italia (FI) para garantizar la estabilidad del país mientras se reforma el sistema político por consenso. Dentro del centro-derecha es declarada la voluntad de Alianza Nacional (AN) de utilizar la petición de procesamiento del primer ministro y cualquier otra baza disponible para lograr que el Gabinete caiga antes de primavera. El objetivo presumible de Gianfranco Fin¡, el líder de AN, sería vencer en las urnas a una izquierda en crisis. Silvio Berlusconi, que no está en condiciones de afrontar esa prueba, busca, en cambio, el acuerdo.En cualquier caso, la posición de Prodi frente a la opinión pública pareció mejorar ayer sustancialmente, después de que el primer ministro precisara circunstancias claves del caso que se le atribuye. Según la acusación, Prodi sería reo de un delito de conflicto de intereses al haber decidido en 1993, como presidente del Istituto per la Ricostruzione Italiana (IRI), vender en 1993 una empresa pública a un grupo local que, a su vez, la volvió a vender en parte a Unilever, multinacional de la que, asegura la fiscal, el hoy primer ministro "era consultor desde l993". Prodi aclaró ayer que dimitió de su cargo en Unilever el 20 de mayo de 1993, el mismo día en que tomó posesión de la presidencia del IRI, y cinco meses antes de que se realizara la venta contestada. La presidencia del Gobierno difundió fotocopias de las cartas de dimisión remitidas por Prodi a Unilever.

Los abogados del primer ministro, uno de los cuales es también defensor de Silvio Berlusconi, estiman, en consecuencia, que no es posible hablar del delito de conflicto de intereses que concretamente contesta la fiscal al primer ministro, y menos aún si se tiene en cuenta que el IRI ni siquiera vendió la empresa en cuestión directamente a Unilever.

Abuso de cargo público

La otra acusación contra Prodi, la de abuso de cargo público, es menos comprometedora, ya que se trata de una figura en revisión, porque su tipificación actual es vaga y ambigua en opinión de casi todos los partidos políticos. Los abogados del primer ministro sostienen, además, que, al haber sido transformado el IRI en sociedad antes de que el actual primer ministro asumiera la presidencia de dicho instituto por segunda vez en su vida, ni Romano Prodi ni los demás miembros del Consejo de Administración acusados con él "tenían ya la condición de funcionarios públicos ni encargados de servicio público", por lo que no existe la condición subjetiva del delito contestado.Ante todo, la defensa del primer ministro destaca, sin embargo, el hecho de que "una vez más la opinión pública haya sido informada de noticias judiciales y de las actas de una investigación a través de formas impropias, antes que los interesados directos". El texto íntegro de la petición de procesamiento de Prodi llegó, en efecto, a manos de la prensa durante la tarde del pasa do lunes. Ayer, el interesado todavía no había recibido ninguna notificación oficial sobre el caso.El incidente procesal de Prodi ha servido así para acentuar la convergencia entre las críticas a la magistratura y a la situación de la justicia en Italia, que ya no son patrimonio de un solo bloque político.Hasta ahora, el centro derecha, y especialmente Berlusconi había denunciado el uso político y dictatorial de la justicia por magistrados que castigan sólo a la derecha e ignoran las conductas financieras de la izquierda denunciadas por el ex líder socialista Bettino Craxi. Hoy, también la izquierda critica excesos de los magistrados.