Negro como el carbón

Acaba de cerrarse en falso otro episodio de la saga del carbón español, una de las negras heridas por las que España pierde su energía. Por bien de los habitantes de Asturias y de León deberían haber cesado las subvenciones a la minería del carbón hace muchos años. Así lo pedí yo en el año 1981, en la bocamina del pozo María Luisa de Hunosa, por lo que el Club Liberal de Asturias me declaró persona non grata en el Principado.Las cifras del desastre carbonero no suelen presentarse completas, con objeto de escamotear las consecuencias sociales del sistema de subvenciones y disimular su inmoralidad. El precio de la tonelada de carbón de poder calórico independiente es muy distinto según sea español o extranjero. Cuando proviene de Australia, Suráfrica o los EE UU, el carbón a pie de central eléctrica cuesta de 6.550 a 8.200 pesetas, mientras que el carbón leonés cuesta de 8.000 a 20.000 pesetas, el asturiano de Figaredo, 30.000, y el de Hunosa, 40.000. Ello quiere decir que sólo una pequeña parte de la producción leonesa es competitiva.

Las ayudas públicas a la minería del carbón, con el fin de mantener aquella parte de la producción que es inviable, se entregan de dos maneras: las llamadas genéricas consisten en la obligación de las compañías eléctricas de emplear carbón nacional, sufragada con un 5% del recibo de la luz; las directas concedidas a Hunosa, Figaredo, La Camocha y Ponferrada son objeto de un "contrato programa" condicionado a la reducción de la mano de obra. En 1997 el total se prevé en 222.500 millones de pesetas.

Las consecuencias sociales de estas ayudas a costa del público son fáciles de entender. Primero, esos mineros cuyo producto nadie demanda extorsionan 5.600 pesetas por año a cada mujer, hombre, niña y niño residente en España. Segundo, las regiones empeñadas en una producción inútil, se empobrecen pese a las subvenciones; mejor dicho, por causa de ellas. Tengo las cifras de Asturias: en 1975 el PIB por habitante del Principado se encontraba en un 5% por encima de la media nacional y estaba en la sexta posición de dieciocho; en 1993, la renta per capita era un 12% inferior a la media y su puesto en el rango de las autonomías era el duodécimo. Tercero, el encarecimiento del kilowatio ha contribuido a reducir la competitividad de la industria española y condenado así a muchos trabajadores al paro.

El juicio que nos merezca la ética de tales subvenciones dependerá de nuestro concepto del nexo social y del valor que demos a los costes que conlleva su mantenimiento o supresión. En una economía libre, no son los políticos los que distribuyen las rentas para ganar votos, sino los individuos los que obtienen ingresos por servir a los demás. Los paganos de la 5.600 pesetas anuales son mucho más numerosos que la gente de las cuencas mineras, y la gran mayoría de ellos mucho más pobres. Las subvenciones están conduciendo a Asturias y León a un empobrecimiento mendicante. El plan de reducción de las subvenciones otorgaba nueve años para la adaptación o la emigración, una seguridad de empleo mucho mayor que la de la mayor parte de los españoles, especialmente los parados.

El acuerdo al que ha llegado el Gobierno con los sindicatos es oscuro en su redacción y bochornoso por su contenido. "Las compañías eléctricas formalizarán contratos a medio y largo plazo de adquisición de carbón nacional, retribuyéndose el coste financiero [de las] existencias por encima del stock de seguridad... El uso del carbón se atendrá a criterios de racionalidad económica y social". Tendremos los usuarios de electricidad que comprar caro el carbón y almacenarlo en exceso. Alguien tendrá que explicarnos la diferencia entre racionalidad económica y social, vistos los costes sociales de la irracionalidad económica".

Cuando acudí hace un mes a la concesión de los Premios Príncipe de Asturias, el que era presidente del Club Liberal en el momento de la no gratitud me reconfortó pidiéndome públicamente perdón por tener yo razón al pedir el cierre de las minas deficitarias. Ahora le ruego que una su voz a la mía para pedir que se persiga por delito de imprudencia punible a los piquetes leoneses que produjeron la muerte de un automovilista con una barricada de neumáticos en llamas.