La UE aprueba represalias contra EE UU por la ley que endurece el embargo al régimen de Fidel Castro

Dinamarca cedió. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron ayer el "reglamento antiboicoteo". Este, de aplicación automática en los 15 Estados miembros, autoriza a las empresas europeas a tomar, por vía judicial, represalias contra los activos europeos de las compañías norteamericanas que las hayan perjudicado aplicando la ley HeIms-Burton, que endurece él embargo estadounidense a Cuba. "Con este arma de autodefensa en la mano podremos negociar mejor con Washington después de las elecciones", dijo el comisario de Comercio, Leon Brittan.

Con ello indicaba que el propósito de la UE no es emplear el reglamento, sino usarlo para presionar al nuevo Congreso de EE UU para que eche abajo la ley propulsada por el Congreso actual, republicano, que Clinto encajó.Es la misma estrategia que explicaba un diplomático francés. "Si la ley Helms-Burton es una bomba atómica, nosotros debemos contar con otra para establecer el equilibrio nuclear disuasivo y acabar luego con todas las armas nucleares", decía el francés. Para los Quince, la aprobación del reglamento -poco después de haber presentado el recurso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC)- demuestra que la ley Helms-Burton "es muy débil" y que "es inútil" para el propósito compartido de fomentar la democratización de Cuba.

A las críticas por la tardanza en fraguar el acuerdo final -político, pues formalmente aún debe peinarse-, Brittan recordó que la propuesta de reglamento se hizo en julio y que, por el contrario, el proceso de aprobación de la ley Helms-Burton fue mucho más largo. El consenso se logró al concretarse unos retoques "puramente cosméticos" al proyecto, como reconocían fuentes independientes del Consejo. Dinamarca se había opuesto a última hora por un problema jurídico. Entendía que la base legal del texto, el artículo 235 del Tratado, que permite a los Quince legislar sobre asuntos no contemplados en otros artículos, suponía un "ampliación de las competencias comunitarias". Y como el Gobierno del europeísta Poul Nyrup Rasmussen se encuentra en un proceso legal interpuesto por un grupo de euroescépticos por un asunto similar, no quería darle nuevas bazas.

Al final, Dinamarca, impelida por la unanimidad del resto, aceptó la base jurídica que ferozmente discutía. Una mención al Convenio de Bruselas de 1968, sobre ejecución en un Estado miembro de la UE de sentencias dictadas en otro país socio, obró el milagro. Para completar la cosmética se escribió que el reglamento se aplicará a las leyes extraterritoriales "adoptadas por un tercer país", por lo que se trata de un caso específico y no de una ampliación genérica de las competencias comunitarias. Y se prometió una nueva traducción danesa a la expresión "resarcimiento de daños" (causados por una empresa norteamericana a una europea), a fin de aclarar que esos "daños" son "pérdidas económicas", "resuelve un gran problema político", y que "Dinamarca no sale perjudicada".