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Sí, quiero pero en valenciano

El Juzgado de Paz de Crevillent rechaza un acta de boda por no estar redactada en castellano

Yolanda Ferrández y Joan Miquel Tomás una pareja de Crevillent (Alicante), hace ya más de dos meses que se dieron mutuamente el reglamentario "Sí quiero". Sin embargo, el Juzgado de Paz del pueblo rechaza la inscripción del acta matrimonial por estar redactada en valenciano. La pareja ha acudido a los tribunales. "No es radicalismo, sino coherencia; llevar a la práctica las leyes vigentes sobre el derecho de poder expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad", explica Joan Miquel.Joan Miquel Tomás (31 años), ingeniero industrial, y Yolanda Fernández (24 años), auxiliar de enfermería, decidieron, tras dos años y medio de noviazgo, casarse por la vía civil. El acto se celebró el 3 de agosto en una finca privada y actuó como secretaria la concejal Josefa Picó, del PP. "Tras la ceremonia, nos preguntó si redactaba el acta en valenciano o castellano", explica Yolanda. "Por ser valenciano hablantes, nos decantamos por esa lengua", añade. Y la primera sorpresa llegó en el Juzgado de Paz. "El juez, al ver que el acta estaba en valenciano, nos comentó que sólo la registraría si la acompañábamos de traducción homologada al castellano", afirma la esposa.

"Tras una pequeña discusión sobre la existencia o no de servicio de traducción en el juzgado, decidimos presentar por escrito la pertinente reclamación", prosigue Yolanda.

Este escrito, que exige la posibilidad de reflejar en los libros de registro en la propia lengua, fue presentado en el Juzgado de Paz el 5 de septiembre. El titular del juzgado, Roque Aznar, trasladó la reclamación al Juzgado de Instrucción número 5 de Elche, a cuyo partido judicial pertenece Crevillent. Más sorpresas. El correspondiente auto, fechado el 4 de octubre, desestima la demanda de los recurrentes, a los que insta a inscribir el matrimonio en castellano. El juez basa su resolución en la ausencia en el registro bilingüe de libros oficiales homologados para la transcripción de los correspondientes asientos en castellano y en la propia lengua -"también oficial", precisa el auto- de la Comunidad Valenciana. El juez, no obstante, informa a los interesados que, contra su decisión, cabe recurso de apelación ante la Dirección General del Registro Nacional. "Así lo hemos hecho, y si es necesario llegaremos hasta el Constitucional", dice Joan Miquel.

El juez de paz, paradójicamente un valencianohablante escrupulosamente atento con la normalización lingüística (todos los rótulos del juzgado están en ambas lenguas), se escuda en los argumentos de su colega del juzgado de instrucción. "Si no lo hiciéramos, el matrimonio podría ser declarado nulo", asegura.

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