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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Reforma pactada

HACE DOCE años que los sindicatos no firmaban un acuerdo con el Gobierno comparable al suscrito ayer sobre las pensiones. Aznar evitó cualquier mención a los grandes ausentes del pacto, los empresarios. Su mensaje fue: hemos conseguido lo que tanto prometió González sin lograrlo; para que luego digan que obedecemos órdenes de la patronal. La satisfacción era patente también en los líderes de CC OO y UGT, que han visto cómo el Gobierno renunciaba a las propuestas rechazadas por ellos: una mayor penalización de las prejubilaciones, la vinculación de las pensiones de invalidez a los años de cotización y los incentivos para retrasar la jubilación. Eso sí, nadie recordó que este acuerdo no es sino un paso más en la reforma iniciada hace 11 años, a la que CC OO se opuso con una huelga general.El Gobierno necesitaba un acuerdo de este tipo, y ya lo tiene. En España hay siete millones de pensionistas (es decir, de electores). Aznar quedó tocado cuando, en uno de los debates televisivos previos a las elecciones de 1993, González le dijo que si mantenía su propuesta de rebajar a la vez el déficit y los impuestos tendría que bajar las pensiones. Una vez abandonada -parece que por mucho tiempo- la promesa electoral de bajar los impuestos, el primer Gobierno conservador de la democracia se había impuesto el reto de demostrar que es capaz de mantener lo sustancial del Estado de bienestar -las pensiones absorben el 66% del presupuesto de la Seguridad Social-, y de hacerlo mediante acuerdos.

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El texto suscrito ayer es el primer desarrollo del Pacto de Toledo, que en la anterior legislatura recibió un amplísimo respaldo parlamentario, desde el PP a Izquierda Unida, incluyendo a las fuerzas nacionalistas. En el año transcurrido se ha desenganchado Anguita, aunque su oposición lo es ahora a los sindicatos, lo que seguramente planteará más problemas a la propia IU que al Gobierno. Sus críticas están fuera de la realidad.

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La crisis del sistema público de pensiones, común a casi todos los países desarrollados, se debe a causas demográficas: en 1990.había 17 personas mayores de 64 anos por cada 100 en edad de trabajar. En el año 2040 habrá 42. El aumento en la esperanza de vida y el retraso en la edad de ingreso en el mercado laboral hacen que el sistema resulte a largo plazo imposible de financiar. De las dos soluciones. imaginables, sustitución del sistema de reparto por otro de capitalización (como el de Chile) o reforma del actual modelo, aquí se ha elegido la segunda. El Pacto de Toledo es un catálogo de 15 medidas que combinan el reforzamiento de las vías de financiación y la reducción de algunas prestaciones, pero manteniendo lo esencial de éstas.

El acuerdo firmado ayer y que ahora se debatirá en el Parlamento concreta algunas de esas medidas para los próximos cuatro años, pero más por el lado de los ingresos, racionalizándolos, que por el de los gastos. El acuerdo garantiza hasta el 2000 el poder adquisitivo de las pensiones mediante su revalorización automática: algo que, según José Barea -hoy director de la Oficina Presupuestaria y coordinador antes de un muy citado estudio sobre la viabilidad de la Seguridad Social espanola-, será imposible a medio plazo. Los expertos admiten que el acuerdo racionaliza el sistema, pero en general consideran que sólo podrá mantenerse más allá del 2000 si hay un crecimiento de la economía y del empleo mucho mayor que el previsto.

De momento, la novedad más importante es el aumento paulatino del periodo de referencia para fijar la cuantía de la pensión de 8 a 15 años de cotización. La principal discrepancia de la patronal se refiere a que desaparecen los topes máximos de cotización por categoría profesional, lo que en conjunto aumentará las cuotas a pagar por las empresas. El anuncio por parte del ministro Arenas de una posible nueva vuelta a la tuerca de la flexibifidad laboral podría ser una compensación destinada a facilitar la reconciliación.

Bien está que Gobierno y sindicatos expresen su satisfacción por el acuerdo. Pero cuatro años en materia de pensiones son un suspiro y hay enormes dudas de que el texto firmado sea viable mucho más allá del año 2000. Por tanto, mejor será guardar las fanfarrias y ponerse a pensar en un horizonte más amplio.

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