El Supremo revisará el 10 de marzo la decisión de Llarena de no aplicar la amnistía a Puigdemont

El Tribunal Supremo celebrará una vista el próximo 10 de marzo para analizar el recurso por el que fueron condenados cuatro líderes políticos del desafío independentista catalán de 2017 —entre ellos, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat— y por el que se encuentran procesados Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, huidos de la justicia española desde 2017. En el caso de estos últimos, la decisión la adoptó el instructor mantuvo la orden de detención nacional que pesa sobre ellos, que, según Llarena, “decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste” del referéndum del 1-O, que era “un empeño no solo ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut de Catalunya, sino ajeno a sus responsabilidades de Gobierno y a las competencias de la Generalitat”.

El Supremo acordó el pasado 1 de julio no aplicar la amnistía al delito de malversación, por el que fueron condenados cuatro líderes políticos del desafío independentista catalán de 2017 —entre ellos, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat— y por el que se encuentran procesados Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, huido de la justicia española desde 2017. En el caso de estos últimos, la decisión la adoptó el instructor, que mantuvo la orden de detención nacional que pesa sobre ellos. Según Llarena, “decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste” del referéndum del 1-O, que era “un empeño no solo ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut de Catalunya, sino ajeno a sus responsabilidades de Gobierno y a las competencias de la Generalitat”.

Los tres líderes procesados en rebeldía presentaron un recurso de reforma ante el propio Llarena, que lo rechazó, tras lo cual acudieron a la Sala de Apelación. Este es el recurso que se va a resolver ahora. El tribunal estará compuesto por los magistrados Susana Polo, Vicente Magro y Eduardo de Porres, que escucharán los argumentos de las defensas y las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox).

En el escrito presentado ante el Supremo, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, señaló que Llarena no amnistió la malversación porque observó un “propósito de enriquecimiento” en los preparativos del referéndum ilegal del 1-O, una de las excepciones a la aplicación de la amnistía que prevé la ley impulsada por el PSOE y los partidos independentistas catalanes.