El Ayuntamiento de Valencia, apercibido por el juzgado que investiga un posible amaño en ascensos a la Policía Local

Un juzgado de lo contencioso, el número 5, de Valencia ha apercibido al Ayuntamiento de Valencia por no aportar documentación sobre un examen de ascenso a comisario principal de la Policía Local (PLV) que recurrieron dos de sus participantes por presuntas irregularidades y “para promocionar a personal de confianza”, denuncian. La providencia de la magistrada, del pasado 30 de enero, da un ultimátum y anuncia una multa de 300 a 1.200 euros “a la autoridad o empleado responsable” de que no hayan llegado al juzgado los documentos pedidos.

La Policía Local de Valencia, que dirige José Vicente Herrera, convocó en 2021 unos exámenes internos para la mejora de empleo, a los que se presentaron varios aspirantes para ascender de comisario a comisario principal, que es la máxima de las categorías en este cuerpo policial. Esta prueba acabó en los juzgados previa denuncia de presuntas irregularidades y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenó en 2023 repetir la prueba de selección. Se volvió a realizar pero, de nuevo, dos de los comisarios que se examinaron, y que fueron suspendidos, denunciaron irregularidades e impugnaron los resultados de la selección, ahora investigada por un juzgado de lo contencioso y otro de instrucción.

Los demandantes llevan tiempo reclamando la totalidad del expediente administrativo del examen como prueba para la investigación judicial porque llegó al juzgado pero incompleto. “Se echaba en falta los ejercicios de los ocho aspirantes a las plazas vacantes del controvertido proceso de selección —tanto los aprobados como los suspendidos—, los correos remitidos a la Jefatura de la Policía Local acreditativos de su entrega y fecha de envío, así como otros correos y documentación no aportada”, aclaran.

Con esa documentación, pretenden comprobar si los miembros de la comisión de selección, el jefe de la PLV José Vicente Herrera, el todavía comisario principal Rafael Mogro y el excomisario Alberto Cabeza disponían de las presentaciones en USB de todos los aspirantes y si algunos de ellos pudieron ser mejorados o incluso redactados de nuevo después de la celebración de la prueba.

Los dos comisarios se han querellado —la investigación la lleva el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia— contra estos tres cargos policiales por presunta prevaricación, tráfico de influencias y delito de falsedad continuada en documentos públicos. Los denunciantes son los comisarios Javier Genovés y Benjamín Lara, y los denunciados, el jefe de la Policía Local, Mogro y Cabeza. Los mandos afectados relatan en sus querellas, unificadas en una y admitidas a trámite, una serie de presuntas irregularidades para promocionar a “personal de confianza” cuando falta poco tiempo para la jubilación de Herrera (a finales del próximo mes de abril), señalan fuentes conocedoras de la investigación.

Estos documentos, además de que deben de formar parte del expediente administrativo investigado por el juzgado de lo contencioso, resultan de especial relevancia para los demandantes porque sería la única fuente para acreditar la calidad de los trabajos, su existencia, la posibilidad de comparación entre ellos y la desviación denunciada al momento de evaluarlos, así como posibles manipulaciones de los mismos.

Esta documentación ya fue exigida al Ayuntamiento por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 en una diligencia de 2024 pero no fue atendida y la magistrada volvió a advertir al consistorio en junio de ese año. En otra diligencia, esta vez del pasado 16 de enero, se requirió de forma urgente y bajo la amenaza de multas periódicas. Los dos comisarios, autores de la demanda, advierten de que esta negativa menoscaba su derecho a la defensa, sobre todo, cuando está cerca la vista del caso el próximo 18 de febrero.

Cansados de la espera, ambos pidieron al juzgado el pasado 24 de enero que se sancionase al funcionario o responsables del Ayuntamiento de Valencia de no remitir la documentación solicitada para completar el expediente con una multa que iría de los 300 a los 1.200 euros y que se repetirá cada 20 días si se sigue incumpliendo el mandato.

Fuentes del gobierno local reconocen que el viernes 24 de enero llegó un requerimiento del juzgado de lo contencioso para remitir los exámenes de comisario principal y el departamento de Personal pidió esa documentación a la Policía Local de Valencia. Ese mismo día se remitió a la magistrada los informes que envió el cuerpo policial y el lunes 27 enero se llamó al juzgado para confirmar que habían recibido los documentos, añaden las mismas fuentes. Desde la PLV no han declinado hacer cualquier comentario.

Sin embargo, los afectados explican que ese 24 de enero el representante legal del Ayuntamiento remitió al juzgado más documentación pero incompleta de lo requerido, así que cuatro días después solicitaron a la sala que se adoptasen medidas contra los responsables por el reiterado incumplimiento y que se tenga en cuenta una posible ocultación de datos. Después de eso llegó la última providencia, del 30 de enero, con el ultimátum.

Los litigios coinciden en el tiempo con el inminente jubilación de José Vicente Herrera. El actual jefe de la Policía Local de Valencia es un veterano del cuerpo municipal. Hizo un paréntesis cuando se convirtió en jefe de gabinete de Juan Cotino, del PP, durante su etapa al frente de la Dirección General de la Policía, y más tarde se convirtió en comisario jefe de Valencia, con Rita Barberá en la alcaldía. José Serrano lo sustituyó en el cargo en 2015 pero, tras su jubilación en 2019, Herrera volvió a hacerse cargo de la jefatura hasta la fecha.