González ve disparatado que las comunidades regulen la presión fiscal

El secretario general del PSOE, Felipe González, dejó ayer claro que está en absoluto desacuerdo con el modelo de financiación autonómica elaborado por el Gobierno popular. El líder socialista criticó que aún no se sepa cuánto costará el sistema, calificó de "disparate" que se conceda a las comunidades autonomía normativa sobre la presión fiscal y resaltó que Jordi Pujol ya ha anunciado que no hará uso de esa capacidad, lo que demuestra que no fue CiU quien la solicitó. Además, pese a compartir el fin de entrar en la moneda única en 1999, discrepó de los medios del Gobierno para lograrlo.

González, que ofreció una rueda de prensa para presentar una campaña del Grupo Socialista Europeo sobre la construcción de la Unión Europea (UE), se refirió también a las declaraciones sobre los GAL del presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, quien en una entrevista concedida a este diario dijo que combatir el terrorismo ilegalmente no es terrorismo de Estado. González aseguró que Fraga "tiene perfecto derecho a expresar su opinión y experiencia para expresarla".González añadió que no tiene intención de hacer ninguna valoración sobre los GAL mientras no se produzcan "todos los pronunciamientos que se atienden en el Tribunal Suprerno". "Parece que soy yo el que suscito las disputas y desde luego no quiero suscitarlas", señaló.

"Broma frívola"

El líder del PSOE calificó de "impresentable" que, con los Presupuestos del Estado ya elaborados, el Gobierno no haya dicho públicamente cual es el monto total del nuevo sistema de financiación autonómica y cómo se distribuye por comunidades. "Algo que anteriores gobiernos plasmamos por escrito cada vez, y ya han sido varias, que se llegó a un pacto sobre la financiación autonómica", señaló.Además, el ex presidente del Gobierno, calificó de "disparate" la concesión de autonomía normativa a los Parlamentos regionales en relación con el traspaso del 30% del IRPF, y resaltó que Pujol ha anunciado que no hará uso de esa capacidad, lo que indica claramente que no fue él quien solicitó al Gobierno esa autonomía normativa.

González agregó a este respecto que se va a producir un lío tremendo y monumental -"en el que nadie ha pedido al Gobierno que se metiera"- en relación con el domicilio fiscal de cada ciudadano, que podrá modificarlo para beneficiarse de determinadas rebajas en los impuestos establecidas en algunas comunidades autónomas.

El ex presidente del Gobierno rehuyó opinar sobre la actitud de José María Aznar en el Consejo Europeo del pasado fin de semana en Dublín, donde se recortó en un millón de ecus (160.000 millones de pesetas) la participación en los pagos de los fondos estructurales en 1997. Pero aprovechó para señalar que es un error presentar como si se tratara de una imposición el cumplimiento de los requisitos para que España entre desde el principio en la unión económica y monetaria, cuando es "una ambición entre países".

González hizo votos porque Aznar tenga razón y nadie dude de que nuestro país estará entre los grupos de cabeza de la Unión Europea. Pero dejó patente que compartir con el Gobierno el objetivo no equivale a compartir los caminos para llegar a él. Y así, consideró incoherente con la pretensión de reducir el déficit la decisión de dar un mejor trato fiscal a las rentas más altas, la actualización de balances en las empresas y el nuevo sistema de financiación autonómica.

Desde su perspectiva, sería mejor prorrogar el sistema de financiación anterior, que garantizaba que no crecería el coste de la prestación, por ejemplo, de servicios sanitarios, y facilitaría negociar un sistema consensuado y, por tanto duradero. En este sentido, confió en que fructifique la iniciativa de Jordi Pujol de buscar entre los principales partidos un modelo de financiación autonómica consensuado.

Sin entrar en detalles, González consideró un disparate los comentarios del jefe de la oficina presupuestaria, José Barea, acerca de la conveniencia de cerrar hospitales públicos que no resulten rentables, pero trasladó la responsabilidad política de ese tipo de afirmaciones al Gobierno, y apostilló que "si no le rectifican [a Barea] allá ellos".