Acuerdo sin consenso

EL GOBIERNO ofreció ayer toda una batería de mecanismos de compensación destinados a evitar que el nuevo sistema de financiación autonómica reduzca los ingresos de las comunidades pobres. El mecanismo suprime, sin embargo, los topes máximos de la recaudación adicional de que podrán beneficiarse las comunidades ricas. Con esa combinación el Ejecutivo respeta su acuerdo con el nacionalismo catalán y, neutraliza la oposición de las comunidades regidas por el PP que habían expresado reticencias, pero no logra el respaldo de las gobernadas por los socialistas. Éstos mantienen abierta la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad por considerar que el sistema aprobado vulnera el principio de solidaridad.La financiación autonómica es un problema político, por más que tenga una vertiente técnica. Debe ser abordado, por tanto, teniendo en cuenta, además de su viabilidad práctica, los efectos políticos de las medidas que se decidan. Evitar dinámicas de agravio comparativo y la quiebra del principio de cohesión territorial, por ejemplo, son objetivos tan importantes como el de garantizar la suficiencia financiera de las comunidades. También será deseable garantizar la continuidad del sistema decidido, con independencia del signo del Gobierno. Tales objetivos requerirían un consenso amplio: un respaldo que no se limite al delas comunidades que ya se sabe que saldrán favorecidas con la modificación, o al de las gobernadas por el partido que propone la modificación desde el Ejecutivo nacional.

Para ilustrar lo que está en juego en el debate, el ministro de Administraciones Públicas ha aludido estos días a la aventura de Umberto Bossi, con su amenaza de declarar la independencia del norte del país respecto a la Italia meridional basado en argumentos fiscales. Podría discutirse el paralelismo, pero es cierto que detrás del debate sobre la financiación de las comunidades está el problema de la diferente contribución de cada una de ellas a la Hacienda pública. El nacionalismo catalán, en particular, lleva años planteando, aunque no siempre abiertamente, su aspiración a disponer de una capacidad financiera más proporcional a su contribución a los ingresos del Estado. Esa aspiración particular se ha cruzado con la general de contener la dinámica de gasto de las comunidades autónomas, factor decisivo en el aumento del déficit público producido en los últimos años.

El resultado de ese cruce entre ambas aspiraciones fue la teorización de la corresponsabilidad fiscal como medio, por una parte, de aumentar la capacidad financiera de algunas comunidades y, por otra, de contener el déficit público reduciendo el gasto -y el endeudamiento- del sistema autonómico.

Sin embargo, el procedimiento elegido, la cesión a las comunidades de una parte de la recaudación del impuesto sobre la renta, es impugnado por las autonomías con menor capacidad recaudatoria. Si todas las comunidades participan en los ingresos totales del Estado, sus ingresos crecerán siempre en la misma proporción; en cambio, si sus ingresos dependen en alguna medida de la recaudación en sus territorios respectivos, las tasas de crecimiento de sus recursos serán mayores en las comunidades económicamente más dinámicas. Las autonomías comparativamente más pobres (Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, fundamentalmente) consideran que ese aumento paulatino de disponibilidades de las ricas significará a la larga una reducción equivalente de sus propias disponibilidades. Y al argumento de que ese efecto puede limitarse mediante mecanismos correctores, oponen que ello subrayará la idea humillante de unas regiones subvencionadas por otras; como si todas ellas no formasen un único sistema de convivencia.

De ahí su exigencia en el establecimiento de unos topes al excedente de recaudación alcanzable por esta vía en cada comunidad. Así se hizo en 1993, lo cual venía a anular los efectos perseguidos por CiU. En los acuerdos Pujol-Aznar se suprimieron tales límites. Obligado a tocar varias teclas al mismo tiempo, el Gobierno ha querido combinar la supresión de los topes máximos con la garantía de que ninguna comunidad percibirá menos que con el anterior modelo. Pero ello supone necesariamente una financiación extra desde la Hacienda central, con lo que de los dos objetivos perseguidos, uno de ellos, el de reducir el déficit, queda de momento muy disminuido; y se afianza el de una perspectiva de mayores disponibilidades para las comunidades que impulsaron la reforma.