Las comunidades prevén disparar un 25% la recaudación de los impuestos ligados al ladrillo

Las comunidades autónomas prevén sacar partido económico de un mercado inmobiliario que vuelve a animarse y que en 2025 apunta a superar incluso las cifras del año 2022, cuando en España se superaron las 650.000 transacciones de vivienda por primera vez desde el estallido de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria. Los 11 gobiernos regionales que por ahora han presentado un proyecto de Presupuestos Generales para este año prevén un aumento de los ingresos de más del 25% a través de los impuestos de transmisiones patrimoniales (el ITP) y de actos jurídicos documentados (AJD), los tributos que, en esencia, gravan la compraventa de casas de segunda mano, que son las mayoritarias del mercado. En cifras, la previsión conjunta implica llegar a los 6.000 millones de euros de recaudación, cuando en 2024 el mismo grupo rondaba los 4.700 millones.

El Ministerio de Hacienda publica cada año un documento con la información presupuestaria recopilada de las comunidades del ejercicio en curso. En esta ocasión analiza un total de 11 territorios, todos salvo Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, que son las autonomías que por razones de diversa índole no han presentado proyecto de cuentas. En ese informe, Hacienda confirma que se prevén subidas generalizadas en el ITP y el AJD, con la única excepción de Castilla-La Mancha, que presupuesta una caída anual del 8%. El resto espera incrementos que en Andalucía y Madrid llegarían al extremo del 33% y el 40%, respectivamente.

Son crecimientos muy llamativos, señala Desiderio Romero, economista senior de Funcas, que se explican porque las comunidades prevén un mercado de la segunda mano muy activo en 2025, siguiendo la tendencia creciente que ya se registró en 2024. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, hasta el pasado mes de noviembre España acumulaba unas 590.000 transacciones, de las que casi el 80% eran de vivienda usada. Y la estadística registral, de la que bebe el INE, ha certificado esta semana que el ejercicio concluyó por encima de las 636.000 operaciones.

El ITP y el AJD son dos impuestos de carácter indirecto que se aplican en España y que gravan las transacciones inmobiliarias y financieras, respectivamente. Su gestión y recaudación están cedidas a las comunidades autónomas, que pueden modular el gravamen. El primero afecta a las transmisiones de bienes y derechos de carácter patrimonial, entre los que se incluyen la compraventa de casas, la constitución de préstamos hipotecarios o la cesión de derechos sobre inmuebles. El AJD, por su parte, grava los documentos notariales y mercantiles, como las escrituras de préstamo hipotecario o las pólizas de seguros. Por eso, en un contexto en el que las compraventas y los precios suben, los ingresos fiscales por estas figuras se disparan.

“Dado que se espera un crecimiento sostenido de la economía en 2025, es previsible un incremento tanto en el número de transacciones de vivienda de segunda mano como en el valor de mercado de estos inmuebles, lo que explica la estimación al alza en la recaudación”, explica María Cadaval, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela.

Este tirón es el que prevén aprovechar los territorios para engordar sus números. Algunos, como Andalucía, reconocen en sus informes económico-financieros que incrementarán los ingresos por estos impuestos en más de 550 millones, debido “al dinamismo mayor del esperado” que ha presentado el mercado inmobiliario en 2024. Otros, como Galicia, esperan una “evolución positiva” tanto en las operaciones como en los precios a lo largo del año. Es lo mismo que vienen diciendo los analistas desde hace semanas. Las últimas previsiones de Caixabank Research barruntaban que el número de transacciones se situará alrededor de 650.000, igualando el registro de 2022, mientras que los precios repuntarán casi un 6%.

El coste de la vivienda es el otro punto que destacan los expertos para comprender los números que vaticinan las comunidades. “La presión en el alquiler seguirá desplazando a los demandantes de vivienda hacia el mercado de la compraventa, que ya de por sí se encuentra saturado”, recalca Romero. La tendencia, además de aumentar el número de operaciones, recalentará los precios y ampliará las bases imponibles del ITP, cuya cuota tributaria está constituida por el valor de referencia catastral del inmueble o, en el caso de que sea más elevado (que suele ser lo habitual), por el precio de la transacción.

A todo ello se le suma un factor que podría incrementar todavía más los ingresos y que las autonomías no han tenido en cuenta. Cadaval recuerda que el Tribunal Supremo dictó el pasado diciembre una sentencia que permite a Hacienda ajustar el valor declarado por el contribuyente al valor de tasación, lo que permitiría incrementar ligeramente las bases imponibles. “Es improbable que el fallo haya sido considerado en las previsiones, dado que la sentencia se emitió a finales de año”, por lo que su impacto ni siquiera estaría presupuestado.

Llama la atención, añade Romero, que la previsión de subida de ingresos se produzca en un contexto en el que las autonomías, por regla general, continúan con su política de rebajas fiscales, ampliando las deducciones y bonificaciones previstas. Es decir, si los territorios aminoran la carga tributaria de los contribuyentes, pero a la vez aumentan las previsiones de ingresos, es porque el mercado seguirá anotando aumentos en las operaciones y los costes. Los descuentos, matiza Cadaval, suelen enfocarse en colectivos específicos, por lo que su efecto es limitado y se ve compensado “con creces” con el incremento de la base imponible.

Una tendencia que va a más

Según los datos consolidados de todas las comunidades autónomas, disponibles en la central de información económico-financiera del Ministerio de Hacienda, la recaudación conjunta del ITP y AJD ha ido recuperándose desde el parón ocasionado en 2020 por la crisis sanitaria de la covid-19. Tras desplomarse hasta los 7.500 millones de euros en toda España, los ingresos han ido avanzando y llegaron a los 12.600 millones en 2022, cuando se produjo el subidón de compraventas. En 2024, hasta el mes de noviembre, las comunidades contaban con unos 11.000 millones. Si las previsiones se cumplen, es de esperar que en 2025 puedan superarse todas estas cifras.

Aunque todavía no hay información oficial disponible de las seis comunidades que no han presentado Presupuestos, el mercado de la vivienda suele comportarse de forma relativamente homogénea a lo largo del territorio. Por eso, añade Romero, es de esperar que esas autonomías también proyecten aumentos en línea con la media en los ingresos. Sobre todo territorios como Cataluña, Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, que junto a Madrid y Andalucía suponen la mayor cuota del mercado. Cataluña, por ejemplo, presupuestó 2.400 millones el año pasado, mientras que la Comunidad Valenciana llegó a los 2.000 millones y el archipiélago alcanzó los 850 millones. “En las regiones con mayor número de transacciones y un mayor aumento en el valor de mercado de los inmuebles, la recaudación será mayor. Además, algunas comunidades han implementado planes de inspección más rigurosos, lo que podría traducirse en un aumento de la recaudación por la vía de la reducción del fraude fiscal”, añade Cadaval.