La inestabilidad política amenaza los Presupuestos del Estado y de siete comunidades

La precaria mayoría que respalda al Gobierno de Pedro Sánchez derivó la semana pasada en uno de los capítulos más dramáticos de la legislatura. Después de que el Ejecutivo se viera obligado este año a prorrogar de nuevo sus cuentas, la negativa del PP, Vox y Junts a aprobar un decreto ómnibus destapó los riesgos de gobernar sin Presupuestos. Tras ese rechazo del Congreso, alrededor de 12 millones de pensionistas ven peligrar la integridad de su nómina, miles de usuarios de transporte público deben volver a sacar la cartera para viajar en un tren de Cercanías y los damnificados por la dana de Valencia sufren una demora en la nueva partida de ayudas. Con las cuentas prorrogadas por sexta vez en una década, el Gobierno volverá a intentar salvar la subida de pensiones y el escudo social, entre otras medidas.

La Administración central, sin embargo, no es la única que carece de cuentas en vigor. Siete comunidades, entre ellas las seis gobernadas por el PP sin mayoría absoluta, tampoco han logrado aprobar su ley presupuestaria para 2025. No tienen cuentas Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Castilla y León, Aragón y Extremadura. Y tampoco ciudades como Barcelona. Nunca antes un año había arrancado con tantos territorios sin las normas que permiten una planificación de ingresos y gastos, lo cual dificulta a los ejecutivos cumplir con compromisos con sus socios y la puesta en marcha de nuevos proyectos. Tampoco España es el único país sin cuentas: el Banco Central Europeo ha expresado ya su preocupación porque varios países —entre ellos Francia y una Alemania en crisis— no cuenten con esa ley y eleven la incertidumbre sobre la reducción de deuda y déficit en Europa.

Salvador Illa accedió al Govern el pasado mes de agosto con varias promesas bajo el brazo para reforzar el Estado de bienestar. Entre ellas, estaba el propósito de hacer gratuita toda la educación en la primera etapa, es decir, hasta los 3 años. El president, sin embargo, prácticamente ha renunciado a aprobar unas cuentas para este año después de las reticencias de ERC a negociarlas. “¿Se acaba el mundo o cae Cataluña sin presupuestos? No”, afirmó recientemente la consejera de Economía y Hacienda catalana, Alícia Romero. La responsable de las finanzas catalanas admitió que el Govern tendrá “más dificultades en la gestión administrativa”, pero explicó que puede sacar adelante sus proyectos si los republicanos se avienen a respaldar los decretos que le permitan disponer de 4.000 millones de euros más.

Esa situación se ha reproducido en el Gobierno central, que confiaba en que sus socios de investidura iban a respaldar los decretos necesarios para mantener las grandes medidas de política social una vez que Junts y Podemos sigan alejando la posibilidad de sacar adelante unas cuentas para 2025. Los independentistas han decidido congelar todas las negociaciones con Sánchez al considerar que no se están cumpliendo sus acuerdos de investidura —a pesar de que algunos, como la quita del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o las inversiones para Cataluña se habrían blindado con unos Presupuestos—, mientras que Podemos exige un impuesto a las eléctricas que la derecha vasca y catalana rechazan de plano. Una vez prorrogadas las cuentas de 2023 (en 2024 ni se presentaron), el Ejecutivo se ha encontrado con que Junts tampoco ha respaldado los decretos que garantizaban la subida de las pensiones o la fijación de un salario mínimo, entre otras cosas.

La inestabilidad de las alianzas, sin embargo, no es patrimonio del bloque que apoyó la investidura de Sánchez. A la derecha, el PP tampoco ha podido sacar rédito de sus alianzas con Vox para sacar adelante presupuestos en varias comunidades después de que la formación ultra decidiera bloquear todas sus negociaciones por los pactos de mínimos de la formación de Alberto Núñez Feijóo en materia migratoria. Ni siquiera los ha validado en la Comunidad Valenciana, donde la emergencia de la dana los hace más urgentes y a pesar de que el presidente, Carlos Mazón, asegura querer sacarlos adelante. “El aumento de la polarización hace que se tienda a poner más líneas rojas y a tolerar poco. Y eso ha dificultado los pactos y ha llevado a varios gobiernos a no poder funcionar con presupuestos”, afirma Oriol Amat, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

Los Presupuestos son una de las principales leyes de los gobiernos. Tanto es así que, pese a su obligación de presentarlos, los Ejecutivos prefieren no hacerlo por el coste político que conlleva un rechazo de la Cámara, como ha ocurrido en Francia. El Gobierno recoge ahí sus principales proyectos para el año siguiente, así como las medidas e inversiones pactadas con sus socios. Amat explica que, con una prórroga, el Ejecutivo puede mantener cómodamente sus gastos corrientes y sus planes plurianuales, pero no ampliar plantillas, empezar nuevos proyectos o actualizar impuestos. Todo eso deberá irlo aprobando y llevándolo al Parlamento, con el coste político que pueda tener cada una de las negociaciones.

La normativa establece una prórroga automática de las cuentas si no hay unas nuevas el 1 de enero del ejercicio correspondiente, excluyendo las partidas ya ejecutadas, aquellas que dependen de ingresos específicos no recurrentes y las inversiones que no sean plurianuales, detalla la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela María Cadaval, aunque en este último apartado los fondos europeos ofrecen un nuevo margen de maniobra del que antes no se disponía. En el caso de las comunidades, el funcionamiento es parecido, pero con un inconveniente adicional: si el Estado no aprueba sus cuentas, las comunidades no saben qué objetivos de estabilidad tendrán que cumplir para elaborar las suyas. “En definitiva, el impacto real y directo de la falta de Presupuestos Generales del Estado es limitado”, concluye la docente, pues existen fórmulas e instrumentos legales compensatorios. “Sin embargo, transmite una imagen negativa. Refleja una falta de hoja de ruta clara para la política económica presente y futura, genera una percepción de parálisis institucional, y envía un mensaje desfavorable a nivel internacional”, añade.

Consecuencias políticas

Las principales consecuencias de las prórrogas son, pues, políticas. En especial si estas se convierten en algo normal. Para Matilde Mas, catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, el primer problema es el mensaje que se traslada a los ciudadanos. Mas lamenta que mientras la Generalitat valenciana arranca 2025 sin presupuestos y el Congreso tumba las ayudas a la dana, la población percibe que las soluciones eficientes provienen del sector privado, como las ayudas puestas en marcha por el empresario Juan Roig. “El principal daño es de descrédito de las instituciones y se extiende la sensación de que son ineficientes”, expone.

Xoaquín Fernández Leiceaga, profesor de Economía Aplicada y senador por el PSOE entre 2019 y 2023, coincide en que la mayor dificultad “no es técnica, sino política: que el Parlamento lo apruebe”. Que todo se haga de manera fragmentada, además, dilata los tiempos, aumenta la posibilidad de fracaso y supone “elevados costes” de negociación. “En la anterior legislatura había una mayoría progresista, en Congreso y Senado, que funcionaba. Y se aprobaron tres Presupuestos. Ahora, la mayoría en el Congreso se cuartea en asuntos fiscales o de modelo económico. El impulso reformista efectivo es mucho menor”, analiza.

Avanzar a través de parches, además, impide al Parlamento tener una visión única de todos los gastos y la acción del Ejecutivo, alerta Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid. “Eventualmente, se podría recurrir ante el Constitucional como infracción del principio de universalidad”, argumenta. “Una segunda derivada es que, aunque no se mande el Presupuesto a las Cortes, el Gobierno sí envía a las instituciones europeas un proyecto de Presupuesto. Es una práctica que se ha consolidado, no solo con este Gobierno, y me parece muy peligroso. Es menos democracia y empobrece la vida parlamentaria”, agrega.

Avance económico

La actividad económica, en cambio, no tiene por qué resentirse, al menos en el corto plazo. En estos siete años con Sánchez en La Moncloa, el Gobierno ha sacado adelante solo cuatro Presupuestos, mientras que la actividad ha avanzado con brío todos los ejercicios con la salvedad de 2020, el annus horribilis de la pandemia. Este 2025, de hecho, se espera que España sea la gran economía europea que más crezca, por encima del 2% según todos los organismos, nacionales e internacionales.

Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, asegura que una prórroga presupuestaria no debería dejar huellas “significativas” en la actividad en un momento de crecimiento “sólido” como el actual. “El problema es que nunca sabremos cuál habría sido el crecimiento con unos Presupuestos aprobados, por lo tanto estimar cuál es el impacto es poco menos que imposible”, matiza. El director de Coyuntura Económica del centro de estudios Funcas, Raymond Torres, añade que España está mejor preparada que otros vecinos en la misma situación como Francia, Bélgica o Alemania. Los dos primeros tienen problemas de contención del déficit y de la deuda, al que se suma un avance flojo del Producto Interior Bruto (PIB). Berlín, con una actividad que se contrae, se enfrenta además a un desafío estructural: su modelo de crecimiento industrial está cortocircuitado y necesita acuerdos políticos e inversiones ―por ende, unas nuevas cuentas, además de un nuevo Gobierno― para salir del bache. “La necesidad de ajuste estructural es algo menos acuciante en España que en Alemania. Y la prórroga tiende a contener el déficit público”, zanja Torres. El entorno económico, pues, esta vez juega a favor de España.